El ‘caso Samaniego’ sigue avanzando y este mismo martes el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid ha dictado auto de imputación contra cuatro personas por sobrecostes que superan los 2,4 millones de euros. Los imputados son: Alberto Samaniego, el que fue jefe de Mantenimiento municipal; su hijo Luis Javier; su primo Antonio Bernardo; y el contable del grupo de empresas de la familia, Miguel Ángel Rodríguez Patín.

Con este auto se transforman las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los cuatro, ya que la juez entiende que dichos hechos pueden ser constitutivos de hasta cinco delitos: prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

En total, se estiman unos supuestos sobrecostes de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014 para realizar obras cuando este era jefe de Mantenimiento. En concreto el perjuicio para las arcas municipales se reparte de la siguiente manera: 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación; 893.268 como perjuicio de ausencia de baja; 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.

El auto señala que entre 2000 y 2014, Luis Alberto Samaniego Conde "ha efectuado diversas adjudicaciones en contratos menores para la realización de obras de edificios municipales o gestionados por el Ayuntamiento a favor de empresas propias o de familiares suyos, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar".

Dichas empresas, desde el 2000 hasta el 2014, emitieron 1.316 facturas al Ayuntamiento por contratos por los que percibieron 10,95 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Según se recoge en dicho auto, en algunas ocasiones las facturas entregadas reflejaban obras que no se habían llegado a realizar, obras ya ejecutadas por operarios municipales, y obras en las que lo facturado no se correspondía con lo realizado.

Otro hecho que se destaca es que en la realización de las obras trabajaban las mismas personas, aunque se tratase de diferentes empresas las que habían obtenido el contrato. Algunos de estos trabajadores, tras dejar las empresas pertenecientes a Alberto Samaniego, empezaron a trabajar como personal de mantenimiento del propio Ayuntamiento.

En su auto, la instructora también acuerda el sobreseimiento provisional respecto de las diligencias sobre dos contratos de arrendamiento de dos naves a empresas de la familia Samaniego entre los años 2002 y 2007 por los que el Consistorio pagó 300.000 euros, al no hallar indicios de delitos en los mismos.

Una “absoluta falta de control”

Este auto ha sido valorado por parte del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien ha afirmado que estos hechos de “enorme gravedad” delatan que durante 14 años ha habido una “absoluta falta de control” sobre el servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento.

Asimismo ha destacado que esta resolución será recurrida para que se incluya entre los hechos probados el detalle de que algunos trabajadores de las empresas de Samaniego percibieron también un sueldo del propio Consistorio.

Por otro lado, el primer edil también ha incidido en que fue él el que puso el asunto en los tribunales cuando ejercía de concejal socialista en la oposición y ha criticado que el anterior equipo de Gobierno tan solo propuso abrir un expediente administrativo que “ni siquiera le afectó porque se había prejubilado”.

A pesar de que Puente ha resaltado que “no hay vinculación política”, sí ha querido dejar claro que desde el PP se decidió “mirar para otro lado”.

El regidor ha descartado que se pueda citar a declarar al ex alcalde Javier León de la Riva, “salvo giro inesperado”, ya que no ha sido nombrado en las diligencias previas y no se prevé que sea llamado a declarar.

El alcalde socialista ha asegurado que siente “tristeza” porque hechos como este sucedieran en el Ayuntamiento, pero también se ha mostrado contento porque “nos permitirá recuperar el dinero, y vamos a reclamar hasta el último céntimo”.