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La Fiscalía General del Estado ha emitido un decreto dirigido a los fiscales delegados en las distintas comunidades autónomas para instarles a apercibir a aquellos gobiernos regionales que se opongan a la acogida de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta.

El organismo recuerda la obligatoriedad de cumplir con las leyes en vigor y advierte de las posibles consecuencias e implicaciones legales que podrían derivarse en caso de que alguna autonomía rechace asumir la tutela que le corresponda.

Esta toma de posición por parte del Ministerio Público se produce en un momento clave, justo antes de que dé comienzo el proceso de redistribución en la Península de los niños y adolescentes que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio y que actualmente se encuentran bajo la custodia de las autoridades ceutíes.

El escrito tiene como objetivo prioritario asegurar el bienestar y garantizar la protección adecuada de estos jóvenes que entraron de manera irregular, en ejercicio de la función de tutela de los derechos de los menores que corresponde por ley a la Fiscalía.

Para articular este seguimiento, la instrucción detalla un protocolo de coordinación entre territorios.

El fiscal de la región de origen informará a sus homólogos de la comunidad de destino sobre los expedientes individuales de cada menor, especificando su edad exacta y el estado de la tramitación administrativa correspondiente.

Posteriormente, la Fiscalía del territorio receptor abrirá un expediente gubernativo para supervisar la llegada y estancia de los jóvenes redistribuidos.

Con este procedimiento se busca asegurar una acogida adecuada, velando por que se cumpla el deber legal de prestar atención inmediata y adoptar las medidas de protección oportunas que requiera cada caso.

Vox en Castilla y León se opone al reparto del Gobierno

Cabe recordar que en Castilla y León, el vicepresidente de la Junta y líder autonómico de Vox, Carlos Pollán, ha asegurado que la Comunidad se opondrá a cualquier traslado que plantee el Gobierno central.

"Tendrán nuestra oposición frontal con todos los medios políticos, jurídicos y administrativos a nuestro alcance desde los gobiernos de coalición al reparto de la inmigración ilegal y al secuestro por parte del Gobierno de España de todos esos menores o supuestos menores", ha asegurado Pollán este viernes en X.

Así, ha alegado que “la solución no es repartir el problema por toda España, sino controlar las fronteras y garantizar la repatriación de quienes han entrado ilegalmente”. “Si se trata de menores, deben regresar con sus padres”, señaló.

Desde la dirección nacional de Vox, su portavoz José María Figaredo ha sostenido además que el PP comparte este rechazo en el marco del acuerdo de coalición regional, descartando por ahora una crisis de gobierno como la ocurrida en 2024.

Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, afirmó este jueves que el PP está trasladando a Vox en las comunidades donde ambos gobiernan que rechazará el reparto de menores procedentes de Ceuta.

Al tiempo que descartó que esta cuestión vaya a provocar una ruptura de los ejecutivos autonómicos, como ocurrió en 2024.

"Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos indican que se van a oponer", aseguró Figaredo, insistiendo en que el escenario actual "es diferente".