La contratación pública en España no ha parado de deteriorarse. Asistimos, no solo al deterioro de los servicios que prestan las administraciones públicas a través de concesiones y contratos de servicios, sino al de la propia calidad del empleo bajo unas condiciones en manos del crudo mercado, con empresas que tan solo buscan maximizar el rendimiento económico de los contratos, con escasas consideraciones éticas. Para ello comprometen la negociación colectiva, incumplen sistemáticamente sus obligaciones en materia laboral obligando a las personas trabajadoras y sindicatos a interponer denuncias y demandas y toman como rehenes a colectivos enteros de asalariadas y asalariados para intentar conseguir sus objetivos empresariales.
La compra pública de servicios en el mercado es una de las enfermedades sociales que existen en España. De que sea socialmente responsable y de que la alumbre o no el interés general depende de que en los hospitales se garantice la limpieza y la higiene suficiente, que por falta de mano de obra los vigilantes de seguridad no se expongan físicamente a agresiones pudiendo evitarse, o que los niños y niñas sean bien atendidos y educados en buenos hábitos alimenticios en los comedores de los colegios públicos.
La ley 9/2027 de Contratos del sector público, por la que se transponen a nuestro ordenamiento jurídico dos directivas del Parlamento europeo y la ley 11/2023 de Uso estratégico de la contratación pública de la Comunidad Autónoma de Aragón son, frecuentemente utilizadas para deteriorar los servicios públicos.
Bajo una austeridad mal entendida, con criterios eminentemente económicos y donde en demasiadas ocasiones ceden tanto el interés general como la calidad de los servicios, unidos a las condiciones impuestas por la ley 2/2015 de desindexación (al IPC) de la economía española, se adjudican contratos de servicios tras una puja a la baja por obtenerlos, ya que el criterio que fundamentalmente determina la adjudicación es el precio, el menor precio ofertado a la administración concreta.
Las propias leyes antes mencionadas, así como en ocasiones su interpretación por los tribunales, hacen muy difícil introducir condiciones especiales de adjudicación para, por ejemplo, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, así como cualquier otra consideración de tipo social, ya que se exige que esas cláusulas sociales estén íntimamente ligadas a la ejecución del contrato de servicios, lo que muchas veces es imposible y las cláusulas sociales que mejorarían las condiciones laborales son implanteables.
La austeridad y la insuficiencia presupuestaria no son cuestiones económicas o de recursos escasos, son decisiones políticas. Los cruzados de la austeridad saben muy bien que sirve esencialmente para debilitar los servicios públicos y alimentar la transferencia de lo público a lo privado, sector que tan solo actúa de mero intermediario y de prestamista laboral.
La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC UGT) plantea acabar con el uso fraudulento de la subcontratación con otras empresas que persigue diluir las relaciones laborales; evadir responsabilidades; vulnerar los derechos de las personas trabajadoras; evitar la vigilancia y el control de representación colectiva y dificultar la labor de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Los procesos de externalización se han convertido en un grave problema de inseguridad laboral y competencia desleal que hay que detener, siendo las empresas multiservicios paradigma de esta situación.
Por ello, FeSMC UGT demanda un nuevo marco jurídico; una Ley de control en la cadena productiva o de suministro que erradique el uso fraudulento de la subcontratación, limitando su utilización; definiendo de forma inequívoca la figura de la empresa principal, contratista y subcontratista y el concepto de la propia actividad. Además, debe aclarar que el convenio de aplicación a la plantilla de la contrata o subcontrata es el del sector de la actividad ejecutada o, en su caso, el de la empresa en la que se presten los servicios, si fuera más beneficioso, garantizando en todo caso, la responsabilidad conjunta y solidaria en toda la cadena de suministro o subcontratación.
Mucho debería cambiarse en materia de contratación pública por el bien del conjunto de la sociedad y de su mayoría social, los trabajadores y las trabajadoras. Todo ello depende de decisiones políticas para que así sea.
Emilio Romeo, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón