La decisión del Gobierno de comprar hasta un 10% de Telefónica ha sido justificada por la necesidad de preservar la independencia estratégica de la empresa. Sin embargo, la excusa no tiene ningún sentido y el Gobierno ha decidido lanzarse al asalto de Telefónica endeudando mucho más a los españoles con un solo objetivo, politizarla.

Es conveniente desmontar el argumentario del Gobierno, porque no se sostiene por ningún lado.

Nos intentan decir que la entrada de un fondo saudí puede ser un peligro para la independencia estratégica de la empresa. Pues bien, esto no tiene ningún sentido. La participación de Saudi Telecom es financiera y no tiene como objetivo influir ni cambiar la línea estratégica de Telefónica. De hecho, lo que quiere la empresa saudí es tomar una posición porque valora la estrategia de la empresa.

Nos intentan vender a un supuesto accionista peligroso cuando la historia de las inversiones de Arabia Saudí en empresas de todo el mundo es exactamente la contraria. Hay pocos inversores más tranquilos y comprometidos con el equipo directivo que los accionistas saudíes. La independencia estratégica de Telefónica no está en peligro, pero, en cualquier caso, si el Estado desea reforzar su confianza en un inversor de largo plazo, tiene otros métodos. 

Es importante recordar que la participación de Saudi Telecom siempre ha Estado sujeta a la aprobación del Gobierno. Nunca ha hecho falta comprar un 10% de Telefónica. El Gobierno tenía que dar su conformidad desde el primer momento.

En todo esto parece que hubiera una cierta xenofobia inversora. ¿Por qué esa alarma ante un accionista saudí y, sin embargo, el mismo PSOE no percibió problema alguno en que una empresa estratégica energética tuviese como accionista principal a una empresa estatal italiana? No tiene ningún sentido. España es, precisamente, la demostración de que tener accionistas extranjeros con un proyecto industrial y de largo plazo es una ventaja, no un riesgo.

La participación de Saudi Telecom siempre ha Estado sujeta a la aprobación del Gobierno. Nunca ha hecho falta comprar un 10% de Telefónica. El Gobierno tenía que dar su conformidad desde el primer momento.

España es, además, la prueba empírica de que la privatización y apertura a accionistas del mundo es algo positivo. No solo ha permitido la internacionalización de nuestras empresas, sino que ha reforzado a las industrias nacionales en nuestro país. La propia Telefónica no sería hoy el gigante global que es si no hubiera sido por la compra de empresas en otros países.

¿Qué habríamos dicho si nos hubieran cerrado la puerta solo por ser españoles? El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, publicó un estudio esencial que mostraba la fuerte mejora en eficiencia y en rentabilidad de las empresas privatizadas (“Empresa pública, privatización y eficiencia”, estudios económicos 75, Banco de España, 2004).

Los intervencionistas se quejan de que el Estado se deshizo de su participación en Telefónica a un precio inferior al actual. Dicen que el Estado paga un 42% más que el precio por el que vendió en su día. Es hilarante, porque con ese argumento están reconociendo que la empresa ha creado muchísimo más valor en dividendos, beneficio y capitalización gracias a la privatización. 

La posición del Gobierno no tiene sentido desde el punto de vista estratégico, de eficiencia o de seguridad. No olvidemos que un accionista con consejeros en la empresa no tiene acceso a información privilegiada o estratégica. No la tiene ningún accionista mayoritario de Telefónica.

La forma en la que el Gobierno ha decidido comprar la participación del Estado en Telefónica es probablemente la peor posible. Por un lado, el Estado está comprando Telefónica con más deuda que pagamos todos los contribuyentes. Lo hace, además, sin estar contemplado en presupuestos y, por lo tanto, incumpliendo con todos los límites de Bruselas.

Dicen que el Estado paga un 42% más que el precio por el que vendió en su día. Es hilarante.

Solo a un Gobierno acostumbrado a gastar el dinero de los demás como si no hubiera mañana se le ocurre hacer la operación poco a poco en el mercado secundario, inflando el precio de la acción, que hace que la compra nos cueste a todos mucho más y que se posicionen todos los hedge funds ante la previsible caída cuando deje de comprar.

Es tan miope que ahora se están planteando comprar menos porque el coste del 10% anunciado les saldría por casi 1.500 millones de euros más de lo que estimaban. Son unos cracks. Estos esperaban que el precio de la acción no se dispararía ante el anuncio de que comprarán poco a poco y a trompicones.

Todo esto demuestra que no había necesidad de comprar y que, además, le va a costar al contribuyente miles de millones. Pero es que, además, la regulación y la legislación garantizan que la independencia estratégica de la empresa no está en peligro. 

Lo único que demuestra esta operación es la obsesión por meterse en las grandes empresas y politizarlas. No hay más que ver la rapidez con la que han empezado a bailar posibles candidatos socialistas disponibles para ocupar puestos con sueldos millonarios.

Me preocupa enormemente el componente casi xenófobo de este asalto, porque además se añade a la inseguridad jurídica e inversora en un país en el que la inversión extranjera se ha desplomado un 18% en 2023.

Imaginen ustedes por un momento si el Estado saudí decidiese tomar la misma posición con respecto a las empresas españolas ante las inversiones españolas en infraestructuras ferroviarias (AVE) y otras inversiones de carácter estratégico. Lo consideraríamos injusto. 

La entrada del Estado en Telefónica solo tiene un objetivo. Utilizar la excusa de la inexistente amenaza saudí para politizar una empresa cuya historia está plagada de problemas por la injerencia estatal. Si quieren garantizar la independencia estratégica de la empresa saquen a los políticos.