De entrada, la tesis según la cual las presidenciales chilenas ha sido el rechazo de la población a la derecha neoliberal gobernante desde el final de la dictadura es insostenible. En los últimos 31 años, la Concertación, la coalición de centroizquierda formada por socialistas, democristianos y radicales, ha gobernado durante 23. Por su parte, la Constitución, cuya reforma en 2005 liquidó cualquier rastro de pinochetismo, está siendo sometida a revisión por una Convención dominada por la extrema izquierda, y tiene todos los visos de traducirse en el alumbramiento de un cambio radical de modelo político, social y económico.   

Otra hipótesis central de la izquierda es que los beneficios de los largos años de expansión económica chilena se han concentrado en una minoría privilegiada. Esto es falso. La prosperidad de las últimas tres décadas se extendió a toda la población. La desigualdad se sitúa en la media de la existente en Latinoamérica y ha presentado una perfil declinante; la tasa de pobreza es junto a la de Uruguay la menor de ese continente; la movilidad social está muy por encima del promedio OCDE, lo que refleja una sociedad con una elevada igualdad de oportunidades; el PIB per cápita es junto al uruguayo el mayor del Cono Sur… Los ejemplos podrían ampliarse.

La prosperidad de las últimas tres décadas se extendió a toda la población

Boric quiere liquidar el sistema de cobertura del retiro cuyo impacto sobre el binomio ahorro-crecimiento ha sido decisivo para el desarrollo económico de Chile con un pretexto: las pensiones son muy bajas.

Sin embargo, esto no es consecuencia del modelo de capitalización. Por un lado, las aportaciones obligatorias a las Administradoras de los Fondos de Penciones (AFPs) son muy bajas, el 10% de salario bruto frente al 20% en la media de la OCDE; por otro, la mitad de los chilenos cotiza menos de 20 años.

Ambas son decisiones adoptadas libremente por los ciudadanos. Si el Gobierno desea prestaciones por jubilación superiores, le basta con subir cotizaciones y aumentar el tiempo necesario para percibirlas. Pero Boric pretende acabar con este esquema porque eso devolvería el control de las pensiones a los políticos.

Las medidas propuestas por Boric y sus socios en el plano de la economía no son nuevas. Son las viejas y fracasadas recetas planteadas y ejecutadas en Latinoamérica y en otras regiones del mundo a lo largo de la historia. Entre ellas, se encuentra una política industrial basada en la sustitución de importaciones para promover las manufacturas nacionales, un aumento de impuestos equivalente al 7% del PIB, un incremento salvaje del gasto público y de las regulaciones…

Como ha señalado el gran economista chileno, Sebastian Edwards, las iniciativas de Boric son voluntarismo puro, un producto de la ignorancia, de falta de lecturas y de estudio.

El panorama empeora si, como parece, la Convención Constitucional va a alumbrar un texto que debilita la división de poderes y la propiedad privada, introduce derechos sociales imposibles de financiar e impide su potencial provisión por el sector privado, suprime todas las restricciones a la indisciplina presupuestaria etcétera.

La constituyente chilena aspira a diseñar un marco institucional incompatible con los fundamentos de una democracia liberal y de una economía de mercado. Va en la dirección del colectivismo populista imperante ya en otros estados al sur del Río Grande. Si esta trayectoria se consolida, en el mejor de los casos, Chile acentuará el declive iniciado en el segundo mandato de Bachelet; en el peor, corre el riesgo de entrar en una dinámica bolivariana.  

Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Los chilenos han olvidado donde estaban hace cuatro décadas y donde están ahora. Esto les ha hecho incapaces de percibir las causas de su libertad y de su prosperidad para abrazar un cambio que es incompatible con ellas y por el que pagarán un alto precio.