Cada hectómetro que se deja de trasvasar al Acueducto Tajo-Segura provoca pérdidas millonarias y destrucción de empleo en Murcia, Alicante y Almería. Así lo recoge un informe de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante donde se analiza el impacto que ha tenido en esos tres territorios las decisiones adoptadas sobre el trasvase, durante esta legislatura, por parte de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

"Por cada hectómetro que se deja de trasvasar, no se activan 86,3 empleos en los territorios que dependen del trasvase", según ejemplifica Joaquín Melgarejo, director de la Cátedra del Agua, y responsable del citado estudio que el próximo 19 de diciembre será presentado en la asamblea del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura.

Este documento evalúa el alcance de las decisiones adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, cada vez que las reservas de la cabecera del Tajo estaban en el Nivel 3, es decir, que se podían trasvasar hasta 20 hectómetros a la cabecera del Segura. Pero la ministra Ribera, en los últimos cuatro años, siempre ha decidido trasvasar menos de ese máximo que establecen las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura y el estudio cuantifica en 590,8 millones de euros el importe total de las pérdidas que eso ha provocado en Murcia, Alicante y Almería.

"Desde la toma de posesión de la ministra Teresa Ribera del Ministerio para la Transición Ecológica, en junio de 2018, se han producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, cuando los niveles de la regla de explotación se encontraban en el Nivel 3, una reducción de 147,3 hectómetros cúbicos a la cuenca del Segura. Cada hectómetro que se deja de trasvasar tiene un impacto económico de 4.011.556 euros y una repercusión negativa en el empleo de 86,3".

"El montante total de pérdidas económicas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca receptora de los caudales procedentes del Trasvase Tajo-Segura, durante estos cuatro años, ascienden a 590,8 millones de euros". Ese perjuicio económico hay que repartirlo por territorios y Joaquín Melgarejo lo precisa de manera porcentual: Murcia (64%), Alicante (33%) y Almería (3%).

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo. Badía

"Las veinte veces que se ha activado el Nivel 3, la ministra ha decidido trasvasar menos de veinte hectómetros: siempre afectando al regadío", insiste el catedrático de Historia Económica. Unas veces se han trasvasado 19,2, otras 7,5, incluso 0, pero nunca se ha llegado al tope máximo trasvasable. "Bajo mi punto de vista, todos los argumentos que ha dado el Ministerio han sido peregrinas porque no han tenido una motivación económica, social, ni ambiental, ni de falta de recursos hídricos".

"Es una auténtica falacia reducir las aportaciones al Trasvase Tajo-Segura por los problemas de contaminación del Mar Menor o porque haya un problema en el canal de la Pedreguera hasta la Comunidad de Regantes de Cartagena", tal y como expone el catedrático sobre algunos de los argumentos ofrecidos por el Ministerio de Ribera, a lo largo de este mandato, para no enviar 20 hectómetros a los campos del Levante.

Trasvase 0 en diciembre

El documento de la Cátedra del Agua solo analiza las decisiones adoptadas por la ministra hasta septiembre de 2022, aunque las que se han producido posteriormente, en octubre y noviembre, no han sido mejores, ya que la cabecera del Tajo seguía en Nivel 3 y en esos meses no se ha trasvasado una sola gota de agua para regar explotaciones agrícolas murcianas, almerienses y alicantinas. "Todo apunta a que en diciembre tendremos otro trasvase cero porque ha llovido", avanza Melgarejo.

El acueducto genera entre 77.000 y 110.000 empleos a lo largo de Murcia, Alicante y Almería, aunque el catedrático sostiene que serían más puestos de trabajo si el Ministerio, en los últimos cuatro años, no hubiese recortado un total de 147,3 hectómetros cúbicos en las aportaciones a la cuenca del Segura, a través del trasvase, amparándose en que la cabecera del Tajo estaba en Nivel 3. "La economía estaría bastante mejor porque habría 100 millones más de activos en esas provincias".

Este documento se dará a conocer en la asamblea del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) del 19 de diciembre, que tendrá lugar tres días después de la concentración que los agricultores celebrarán en la Delegación del Gobierno de Murcia para exigir al Consejo de Ministros que no apruebe el incremento de los caudales ecológicos que contempla el nuevo Plan del Tajo para el periodo 2022-2027.

Precisamente, la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante también ha evaluado el alcance de la nueva planificación hidrológica del Tajo que prevé elevar los caudales ecológicos de 6 metros cúbicos por segundo, a 8,65 metros cúbicos, lo que se traducirá a partir de 2027 en un recorte de 105 hectómetros en las aportaciones que recibe la cuenca del Segura, a través del trasvase, para regar explotaciones agrícolas en el Levante.

El precio del agua subirá

Este estudio estima que ese recorte hídrico provocará en la pérdida de 27.314 hectáreas agrícolas, un lucro cesante de 5.692 millones de euros y la destrucción de 15.322 empleos en Murcia, Alicante y Almería. Además, se incrementará la factura del agua para consumo humano.

En concreto, la Universidad de Alicante estima que las tarifas de agua desalada para consumo humano se incrementarán entre 0,06 y 0,07 céntimos de euro por metro cúbico, en caso de que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo Plan del Tajo con un incremento de los caudales ecológicos. "Se estima que el impacto sería de unos 20 hectómetros cúbicos que habría que sustituir con caudales procedentes de la desalinización. La diferencia de costes es significativa e implicaría un incremento en la tarifa en el suministro en alta que aplica la Mancomunidad de Canales del Taibilla".