El mundo bursátil no se caracteriza por su sencillez y simpleza. Al contrario. La incorporación de nuevas tecnologías, la globalización de los mercados y otros factores han introducido mayores oportunidades en los mercados, pero también han traído consigo nuevos riesgos y posibles conflictos. 

Para evitar las incidencias y poder lidiar por las controversias de forma eficaz ha sido necesario instaurar vías rápidas y flexibles que velen por defender las buenas prácticas bursátiles. La solución al problema apareció en 1991 y fue bautizada como Protector del Inversor. La Bolsa de Madrid creó esta figura para defender a cualquier persona natural o jurídica que considere vulnerados sus intereses y derechos bursátiles.

Las reclamaciones más frecuentes que suelen darse son por errores en la información de la oferta de inversión o en el precio, por la ejecución de órdenes que no había dado el cliente, por el fraccionamiento o las comisiones o por la falta de comunicación en las operaciones. En 2018, la Oficina del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid gestionó 13.250 solicitudes de información, un 2,3% más que las peticiones atendidas el año anterior. El 90% de las consultas fueron realizadas por inversores particulares. La variación del precio mínimo de cotización de los valores de la Bolsa, que pasó de 0,001 euros a 0,0001 euros, centró una parte importante de las solicitudes de información. También se recibieron muchas consultas con motivo de la opa de exclusión de Abertis.

FUNCIONES DEL PROTECTOR DEL INVERSOR 

El Protector del Inversor atiende y examina las quejas y reclamaciones que los inversores hacen llegar a la Bolsa de Madrid. Analiza la situación demandada, las actuaciones de los diferentes agentes y las instrucciones y órdenes llevadas a cabo en el mercado. Con todo ello, redacta un informe final con la solución al conflicto y las sugerencias surgidas en torno a la cuestión planteada.

1. Prevención: el Protector de Inversor trata de funcionar como un intermediario entre la bolsa y el inversor para garantizar una mayor transparencia y evitar las situaciones ambiguas o conflictivas.

2. Conciliación: hace de mediador entre los implicados para facilitar el esclarecimiento de los hechos y trata de generar las condiciones óptimas para la negociación. 

3. Función arbitral: proporciona un cauce para los planteamientos y alegaciones que conduzca a la redacción del Informe Final del procedimiento, que contiene una propuesta de solución de la controversia.

4. Información: garantiza que todas las partes dispongan de la información pertinente y correcta para que todos los implicados estén en las mismas condiciones a la hora de negociar. 

Entre sus competencias no se cuentan la resolución reclamaciones que puedan causar perjuicios a terceras personas, los asuntos que estén pendientes de resolución judicial o que estén sujetos a un procedimiento arbitral, las quejas que estén tramitándose ante el defensor del cliente ni las reclamaciones que estén pendientes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Servicio de Reclamaciones del Banco de España.