La inversión que los consejeros de una cotizada han realizado sobre ella está habitualmente considerada un buen indicador del grado de compromiso que estos tienen con la compañía a la que prestan sus servicios. Sin embargo, tener una imagen fiel de este aspecto al momento de apostar por una empresa de la bolsa española puede ser una tarea complicada.

Así se desprende del hecho de que casi tres de cada cinco veces que los consejeros de las cotizadas españolas actualizan su participación sobre las compañías que gobiernan lo hacen tarde o mal. Los datos los aporta el informe anual de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recientemente publicado por el organismo supervisor para el ejercicio 2018, que señala que a lo largo de este año los consejeros de las empresas cotizadas españolas emitieron un total de 1.729 notificaciones de cambio de posición inversora.

De esta cifra, equivalente al 40% de todas las notificaciones de participación relevante que se produjeron a lo largo del año pasado, 404 fueron anuladas o no llegaron a ver la luz al detectarse errores en su estructura. Una cifra que equivale al 45% de la suma de todas las notificaciones anuladas por el supervisor y que no tiene parangón en todo el mercado, aunque los accionistas significativos sin representación en el consejo se quedan muy cerca con un 44%, porcentaje que se traduce en 395 comunicaciones enviadas a la papelera.

Al descontar las notificaciones de los consejeros desechadas por el supervisor, quedan 1.325 notificaciones aprobadas, un 39% todas las que vieron la luz a lo largo de 2018 con independencia de su origen. Hasta ahora, la mayoría de las comunicaciones rechazadas se echaban atrás antes de su puesta a disposición del público a través de la página web de la CNMV, pero el organismo tiene previsto que este año sean de publicación inmediata y la revisión de su contenido y posible anulación se produzca una vez aireadas en sus registros oficiales.

Sin embargo, más que mal, lo que los consejeros de las cotizadas españolas suelen hacer es comunicar tarde las alteraciones en sus posiciones inversoras. Un 87% de las comunicaciones al respecto recibidas fuera del plazo legalmente establecido fue cosa de consejeros y accionistas relevantes, según el informe anual del supervisor. En números redondos, 579 notificaciones llegaron más tarde de lo exigible. Una conducta que, por otra parte, en función de la cuantía de la inversión y la tardanza acumulada puede considerarse una falta grave o muy grave de conducta de mercado y llevar aparejadas sanciones y multas.

A pesar de la tardanza, los retrasos se concentran en un breve espacio de tiempo más allá de lo que marca la regulación. En este sentido, la CNMV explica que un 53,6% de las notificaciones de cartera fuera de plazo se produjo con una demora inferior a los siete días, mientras que solo un 16,2% se produjo más de 90 días después de que hubieran tenido que producirse. No obstante, estos porcentajes son agregados para todo el mercado y no están disponibles en el informe clasificados por tipo de inversor.

En total, entre errores y retrasos, los consejeros remitieron al supervisor sin la debida diligencia un total de 983 notificaciones, un 57% de todas las que lanzaron a lo largo del año. La cifra es especialmente significativa si se considera la importancia que muchos inversores dan a los movimientos accionariales de los miembros de la cúpula de las respectivas compañías, así como los precios, volúmenes y resto de circunstancias de cada uno de sus incrementos de cartera o pasos por caja. Cabe recordar que estas decisiones con frecuencia marcan el rumbo de la cotización de la compañía en la que se han producido el día en el que se conocen.

SEIS DÍAS DE BOLSA COMO PLAZO MÁXIMO

La normativa vigente en la actualidad fija que los consejeros tienen la obligación de notificar a la CNMV los cambios en su cartera en un “plazo máximo de cuatro días hábiles bursátiles, a contar desde el día siguiente al que haya conocido o debiera haber conocido la adquisición o transmisión de las acciones o la posibilidad de ejercer los derechos de voto correspondientes”. En este sentido, se fija como tope en el que “debieran haber tenido conocimiento” de la operación el plazo de dos días hábiles bursátiles después de su celebración, momento en el que queda liquidada.

Por lo que se refiere a situaciones que no se derivan de operaciones de compraventa realizadas por el consejero, tales como la variación del accionariado a consecuencia de una ampliación de capital o un canje de títulos de deuda convertibles, la norma establece que el tiempo comience a correr desde el día en el que estas circunstancias concretas se publican en la página web del supervisor.

La norma también contempla que, en el caso de un primer nombramiento para un puesto en el consejo de administración de una cotizada, el plazo “comenzará a contar desde el día hábil bursátil siguiente al de su aceptación”. Asimismo, que, a diferencia del resto de accionistas y sujetos obligados a revelar su posición, los consejeros no pueden publicar únicamente el resultado de las operaciones celebradas a lo largo de una sesión, sino que “deberán informar de todas y cada una de las operaciones que realicen en el mismo día”.