Se trata de una normativa clave para que las empresas eléctricas puedan realizar las inversiones necesarias para acometer la entrada de renovables prevista la próxima década y dar respuesta a la avalancha de solicitudes de acceso a la red que ya están teniendo industrias y centros de datos. Por eso, la CNMC espera sacar antes de verano una consulta pública que determine qué elementos deberían contemplarse en el cálculo de la tasa de retribución del próximo periodo regulatorio, según revelan fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

Esta consulta representa una novedad con respecto a la elaboración de la tarifa del actual periodo regulatorio 2020-2025, que se llevó a cabo los dos años previos y se fijó en un 5,58%, tal y como explican las mismas fuentes. Desde el sector eléctrico reclaman que la nueva tasa tenga en cuenta el incremento de la inflación y de los tipos de interés que se registra desde entonces, así como el requerimiento de inversión en redes que supone la estrategia energética española.

[El traspaso de competencias entre la Comisión de la Energía y la CNMC siembra dudas en el sector.]

La disponibilidad de recursos renovables y la digitalización de la economía están generando la aparición de nuevos proyectos industriales estratégicos en España, con altos consumos de electricidad. Estos proyectos tienen el potencial de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo en el país, pero se están topando con fuertes barreras a la hora de acceder a la red.

Muchas de las infraestructuras de redes actuales fueron diseñadas hace décadas, cuando el sistema energético nacional tenía una baja presencia de energías renovables y su demanda todavía era limitada. El Gobierno anunció hace dos años la introducción de modificaciones puntuales en la Planificación 2021-2026, para facilitar la materialización de proyectos estratégicos para la descarbonización de la industria, y el inicio de los trabajos de una nueva Planificación para el período 2024-2029.

Las medidas introducidas en la modificación hasta 2026 incluyeron una inversión de 321 millones de euros, en comparación con los 931 millones inicialmente previstos. Esto generó fuertes críticas por parte de las compañías eléctricas y las comunidades autónomas.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) excluyó el 95% de las actuaciones planteadas por las empresas distribuidoras para atender los nuevos suministros en la red de distribución de futuros proyectos industriales. Las asociaciones consideraron que esta propuesta debería haber incluido las actuaciones para habilitar la conexión de nuevas solicitudes de demanda que se han dirigido a los gestores de las redes de distribución y que requieren de dichas modificaciones, que se estiman en alrededor de 6.000 megavatios (MW).

CNE

Algunos actores del sector energético temen que el calendario contemplado para el establecimiento de la nueva tasa de retribución financiera para las redes abra la puerta a un cruce de competencias entre la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y el organismo de Cani Fernández, que deberá ceder el testigo en el establecimiento de la nueva norma. 

El Gobierno quiere tramitar con urgencia la CNE para que esté en marcha a final de este año 2024. Así lo aseguró la semana pasada Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, quien remarcó que "facilitar el tránsito a un organismo técnico y especializado es capital".

El trámite de audiencia de esta circular deberá ser elaborado y aprobado por la CNMC, quien se prevé que siga regulando el sector energético el 1 de diciembre de 2024. Después será la CNE , integrada por siete miembros, quien tome los mando de esta normativa.