La entrada en vigor de esta norma es una de las condiciones que el Gobierno de Pedro Sánchez había prometido a la UE a cambio del cuarto pago de 10.000 millones de euros de subvenciones europeas. Su incumplimiento tendrá como consecuencia una suspensión parcial del desembolso, que España solicitó el pasado 20 de diciembre dando por hecho que el decreto sería convalidado.

"Tendremos que hablar con Bruselas para que la parte de esos 10.000 millones que estaba vinculada a este subsidio podamos demorarla un poco. A ver si es posible que tengamos esa generosidad por parte de Bruselas", ha dicho este jueves la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

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En el Gobierno admiten que una suspensión parcial de los fondos es un escenario posible. "Cuando se pierde dinero para España, cuando se le quitan derechos a los desempleados, no hay nada que pueda consolar", ha agregado Montero, que ha acusado a Podemos de actuar por "intereses partidistas". 

Por su parte, la Comisión Europea está "evaluando actualmente la reforma de la prestación por desempleo no contributiva (el hito 340 del plan de recuperación), en el marco de la cuarta solicitud de pago de España, que España presentó a finales de diciembre", ha dicho a EL ESPAÑOL-Invertia la portavoz de Economía, Veerle Nuyts. 

"No especulamos sobre posibles riesgos de pagos parciales mientras nuestra evaluación esté en curso. Sólo comunicaremos sobre este asunto una vez que los servicios de la Comisión hayan completado su evaluación y la hayan adoptado", ha indicado. Bruselas dispone de un plazo legal de dos meses para dar su veredicto.

El Ejecutivo comunitario precisa que la reforma debe incluir cuatro objetivos: ampliar la protección por desempleo; simplificar el sistema; vincular la prestación a un itinerario de activación personalizado; y facilitar la transición a la protección social cuando el beneficiario no se reincorpore al trabajo y se encuentre en situación de vulnerabilidad.

La vicepresidenta María Jesús Montero, este jueves en un desayuno informativo de Fórum Europa. Europa Press

Bruselas publicó el pasado febrero la metodología que utiliza para calcular la suspensión parcial de pagos Next Generation en caso de que un Estado miembro no complete todas las condiciones exigidas. 

La solución a la que ha llegado el Ejecutivo comunitario consiste en dividir el total de subvenciones adjudicadas a cada Estado miembro por el número de hitos y objetivos de su plan de recuperación. En el caso de España, la cantidad total es de 80.000 millones de euros en subvenciones y el número de hitos asciende a 496, con lo que cada hito tendría en principio un valor de 161 millones de euros.

No obstante, Bruselas aplica varios factores de corrección. La penalización máxima (que supone multiplicar por cinco la sanción) se aplica en el caso de que no haya entrado en vigor una reforma comprometida, como ha ocurrido con el decreto del subsidio de desempleo. Por tanto, de ejecutarse estrictamente este criterio, el 'no' de Podemos podría costar a España alrededor de 800 millones de euros.

Una vez decidida la congelación parcial de los fondos, el Estado miembro afectado dispondrá de un plazo extra de seis meses para subsanar el problema y aprobar las reformas comprometidas. Si lo hace, la UE desbloqueará los fondos. En caso contrario, el dinero en cuestión se perderá de forma definitiva. 

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Tanto Maria Jesús González como Yolanda Díaz han dejado claro que su intención sigue siendo sacar adelante la reforma. La vicepresidenta segunda ha anunciado que pretende relanzar el debate a partir de la semana que viene, aunque esta vez negociará "con tiempo".

La vicepresidenta segunda ha anunciado que ahora volverá a lanzar la reforma del subsidio de paro, pero esta vez lo hará "con tiempo" y en el marco del diálogo social, una vez que se concluya este viernes la decisión sobre la subida del salario mínimo interprofesional.

"Convocaremos con carácter inmediato a los agentes sociales -que ya están informados- para ahora sí trabajar con tiempo en el diálogo social una reforma que es muy positiva para nuestro país", ha explicado. Díaz ha arremetido con dureza contra sus antiguos aliados de Podemos y les ha acusado de haber "golpeado a los trabajadores de la mano del PP y de Vox".

Aunque sería la primera vez para España, la Unión Europea ya ha realizado pagos parciales de los fondos Next Generation a varios Estados miembros por incumplimiento de parte de los hitos y objetivos exigidos, entre ellos Portugal o Lituania.