La Conferencia de Presidentes celebra este martes su primera reunión de la Legislatura con el objetivo de convertirse en un pilar de gobierno fundamental. Así lo quiere el Ejecutivo, ya que es uno de los pocos reductos donde conserva la mayoría del Partido Popular. En las reuniones preparatorias de los últimos días ha alcanzado una serie de acuerdos que se ratificarán hoy. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recoge como uno de los puntos principales el refuerzo de las plantillas de trabajadores públicos, con especial énfasis en el impulso de los funcionarios en las comunidades autónomas y las ciudades autónomas.

El borrador recoge el acuerdo “en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada Administración”. La Conferencia de Presidentes también acordará revisar “el porcentaje de interinidad en los servicios públicos esenciales, singularmente en Educación y en Sanidad”. En otras palabras, convertir un porcentaje, que todavía no está determinado, de trabajadores públicos con contrato interino (temporal) en indefinido.

Esta es una demanda de algunas comunidades autónomas que finalmente el Gobierno parece dispuesto a aceptar. Aunque el borrador del acuerdo no incluye cifras concretas, que podrían acordarse este martes, sí es explícito en la necesidad de “reforzar la estabilidad de las plantillas de personal”, con el objetivo de “garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y sostenible financieramente”.

Se revisará el porcentaje de interinidad en los servicios públicos, singularmente en Educación y en Sanidad

El borrador del acuerdo también incluye la necesidad de mejorar el nivel de movilidad de los trabajadores públicos, tanto de puesto de trabajo como geográfica. Así, los trabajadores podrán cambiar de destino y, además, los aspirantes a ocupar un puesto público podrán optar a este independientemente de su comunidad autónoma de residencia.

Las autonomías son las administraciones que sostienen el estado de bienestar, ya que soportan la mayor parte del gasto en Sanidad y Educación y una parte de la protección social. Es por este motivo que la mayor parte de los empleados públicos y funcionarios están contratados directamente por las comunidades. Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Hacienda, de julio de 2016, en España hay 1,5 millones de funcionarios, de los cuales, 833.000 son empleados de las comunidades autónomas. El resto del personal laboral, entre los que se incluyen a los interinos, son casi 600.000 entre todas las Administraciones, y 134.200 en las comunidades autónomas.

Se analizará la situación de la Dependencia, su sostenibilidad y las vías de financiación a futuro del Estado

Las autonomías también han conseguido incorporar al acuerdo la revisión de la Ley de Dependencia, que el Estado se está saltando y que obliga a las autonomías a financiar la mayor parte del gasto. Esta ha sido una de las reclamaciones de las comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha que soporta el 84% de la financiación de la Dependencia en la región, cuando debería pagarse al 50%.

La Conferencia de Presidentes aprobará constituir una comisión en un plazo máximo de un mes para analizar “la situación de la Dependencia, su sostenibilidad y las posibles vías de financiación a futuro del Estado”.

Jornada de 35 horas

El lunes entró en vigor la reducción de la jornada laboral de los funcionarios y trabajadores públicos de la Junta de Andalucía a 35 horas semanales. De esta forma, los empleados públicos de Andalucía recuperan unos derechos que consiguieron en 1999 y que el Ministerio de Hacienda vetó en el año 2012 ante la presión de las cuentas públicas.

Esta reducción de la jornada laboral no irá acompañada de un fuerte aumento del número de trabajadores públicos, ni de funcionarios concretamente. Según aparece en los Presupuestos de la autonomía, se prevé aumentar la plantilla pública en unos 2.000 trabajadores.

Esta decisión de la Junta todavía tiene que ser ratificada por el Ministerio de Hacienda, que estaba estudiando la posibilidad de vetar esta reducción de la jornada laboral. La consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía, María Jesús Montero, informó el lunes que el Ministerio ha pospuesto sin fecha la reunión en la que tratarán esta cuestión. En su opinión, este retraso del encuentro significa que el Gobierno tiene “buena voluntad”, por lo que se mostró “esperanzada” y “optimista”.

La Junta argumenta que después del esfuerzo realizado para controlar su déficit público, es el momento de que devuelvan a los empleados públicos los derechos que tenían antes de la crisis. Andalucía, como el resto de autonomías tiene que cerrar el año 2016 con un déficit del 0,7% de su PIB, sin embargo, hay un riesgo importante de que se desvíe de su objetivo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha advertido que el conjunto del déficit autonómico será superior al objetivo, está por ver si en el caso de Andalucía también ha superado el techo fijado.

¿Hay muchos empleados públicos?

España tiene un nivel similar al del resto de Europa en cuanto a empleados públicos (incluyendo también a los funcionarios). Según las cifras de Eurostat, este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en el entorno del 14% de la población activa, niveles similares a los de Alemania, Italia, Francia o Reino Unido.

Sí que es cierto que la estructura de los sueldos públicos es elevada, pero responde a que la cualificación de la mayor parte de los trabajadores también lo es. Según la Encuesta de Estructura Salarial, el sueldo neto medio de los trabajadores de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social alcanzó los 1.559,36 euros mensuales en 2014, esto es, una vez descontados los impuestos.

Según las cifras de Eurostat, el porcentaje del gasto público destinado al pago de los salarios de los empleados públicos es un poco superior al del conjunto de Europa. En concreto, el coste se sitúa en el entorno del 25% de todo el gasto público, por encima de Italia, Francia o Alemania, donde están cerca del 22%. Sin embargo, el principal motivo hay que buscarlo en el bajo nivel de gasto público que tiene España en comparación con el resto de países europeos. Si el gasto público es menor, el mismo coste de los trabajadores públicos supone un porcentaje mayor.

El reto demográfico

España tiene por delante un reto demográfico que afecta directamente a las comunidades autónomas, por lo que será uno de los puntos importantes a tratar en la Conferencia de Presidentes. Como indica el borrador del acuerdo, estos cambios demográficos “afectan con especial intensidad a algunos territorios”, por lo que se firmará una Estrategia integral para combatir los riesgos del envejecimiento y los movimientos de población.

Se elaborará una Estrategia integral para combatir los riesgos del envejecimiento y los movimientos de población

Los presidentes pondrán en marcha una estrategia que tiene que estar aprobada este mismo año 2017 y que incluye tres puntos principales. El primero, abordar el progresivo envejecimiento poblacional, que afecta especialmente a las autonomías rurales de las que sale la población para dirigirse a las ciudades. En relación con este punto está el segundo, el despoblamiento territorial, especialmente intenso en las zonas de montaña. Las regiones afectadas por estas dos cuestiones tienen actualmente una financiación superior a la media, por lo que está por ver cómo puede modificarse en el futuro.

El tercero de los problemas es el que afecta a las comunidades receptoras, en especial las que tienen grandes ciudades. Estas regiones acogen una gran población flotante de habitantes que ni siquiera están empadronados, lo que significa que la financiación que reciben, ajustada por ciudadano, es menor. También se han comprometido a estudiar los efectos de la población flotante sobre la provisión de infraestructuras, políticas de vivienda y estado del bienestar.