El Banco Central Europeo (BCE) recomienda al Gobierno de España sopesar los efectos negativos y la proporcionalidad de las limitaciones a los pagos en efectivos que prevé aplicar y que el régimen sancionador es excesivo.

El BCE hace esta recomendación en un dictamen suyo del 1 de febrero, firmado por el presidente de la entidad monetaria, Mario Draghi, y publicado recientemente en su página web.

Este dictamen, que no es vinculante, se refiere al anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal del Gobierno español. "El régimen sancionador previsto por el proyecto de ley parece excesivo y, concretamente, la multa del 25% del importe pagado parece desproporcionadamente elevada", según el BCE.

"El BCE considera que bajar a 1.000 euros la limitación de los pagos en efectivo en operaciones en las que el pagador actúa en calidad de empresario o profesional es desproporcionada si se considera su posible repercusión adversa en el sistema de pagos en efectivo", según el texto legal.

Ciertamente, esta limitación dificulta la liquidación de operaciones legítimas usando el efectivo como medio de pago, por lo que pone en peligro el concepto de curso legal establecido en el Tratado. El BCE advierte de que "ciertos medios de pago sin efectivo pueden sufrir interrupciones temporales, pues se basan en la infraestructura técnica manejada por proveedores de servicios de pago".

Ante tales contingencias, puede ser preciso efectuar operaciones en efectivo que excedan las limitaciones a los pagos en efectivo.

Al BCE tampoco le parece justificada "la aplicación de una norma distinta a los pagos hechos por no residentes" y que discrimina a los pagos hechos por residentes, en cuanto a la limitación de 10.000 euros para los pagos en efectivo de personas físicas que no actúan en calidad de empresarios o profesionales y que no tienen su domicilio fiscal en España, a personas que actúan en calidad de empresarios o profesionales.

El anteproyecto contempla que la limitación del pago en efectivo baje de 2.500 a 1.000 euros en las operaciones en las que al menos una de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.

Además, la actual limitación del pago en efectivo baja de 15.000 a 10.000 euros cuando el pagador sea una persona física que no tenga su domicilio fiscal en España ni actúe en calidad de empresario o profesional.

Para minimizar los efectos colaterales del proyecto de ley en las economías domésticas, no se modifica la actual limitación de 2.500 euros para los pagos de personas físicas que no actúen en calidad de empresarios o profesionales y que tengan su domicilio fiscal en España.

El BCE dice que "las limitaciones a los pagos en efectivo deben además cumplir el requisito de proporcionalidad".

"Cualquier efecto negativo de las limitaciones propuestas debe sopesarse con cuidado con las ventajas públicas que se espera obtener de ellas", dice el BCE.

La entidad monetaria añade en el dictamen que "cuando se evalúa si una limitación es proporcionada, siempre deben tenerse en cuenta sus efectos adversos y si pueden adoptarse medidas alternativas que logren el fin buscado con efectos menos adversos".

El BCE considera que "debe tenerse presente que la posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago".