Las reclamaciones relativas al bono social eléctrico (el descuento en la factura de la luz que disfrutan los consumidores considerados como vulnerables) se multiplicaron por cuatro en 2018 con respecto al año anterior y pasaron de 10.000 en 2017 a unas 40.000 en 2018.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público este martes el informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante 2018, en el que recoge estos datos.

Competencia explica que ese crecimiento de las reclamaciones en 2018 coincidió con la puesta en marcha de un nuevo sistema para obtener el bono social.

Como consecuencia de ello, los consumidores se vieron obligados a tramitar una nueva solicitud para ser considerados consumidores vulnerables de acuerdo con la nueva normativa.