Atenas, 10 ene (EFECOM).- El Tribunal Supremo Administrativo griego comenzó este viernes a examinar la constitucionalidad de los recortes que sufrieron las pensiones de 2,5 millones de jubilados del país durante los ocho años de programas de rescate. El dictamen del Supremo podría descarrilar las finanzas de la caja de pensiones.

Entre 2010 y 2018 los jubilados griegos vieron cómo doce tijeretazos impuestos por los acreedores redujeron sus pensiones en hasta un 45 %.

El dictamen, que se espera tarde en llegar varios meses, condicionará las sentencias de más de 6.000 recursos de colectivos de jubilados pendientes contra la caja de pensiones.

Si la sentencia considera anticonstitucionales todos los recortes, la caja de pensiones deberá devolver a los jubilados 26.000 millones de euros, una cuantía que representa el 13 % del producto interior bruto (PIB) de Grecia.

Según analistas locales, precisamente por las graves consecuencias que tendría para las finanzas de la caja de pensiones y del Estado, es poco probable que la sentencia considere todos los recortes anticonstitucionales.

Las instituciones acreedoras han obligado a Grecia a generar un superávit primario del 3,5 % del PIB hasta el 2022. Sin embargo, los presupuestos aprobados por el Parlamento el mes pasado apenas alcanzan este objetivo y no prevén ninguna devolución a los jubilados.

Por eso, incluso si el Supremo da la razón tan sólo parcialmente a los jubilados -los analistas estiman más probable que la caja de pensiones tenga que devolver alrededor de 4.000 millones de euros- eso afectaría a la ejecución de los Presupuestos generales y la política financiera del Gobierno.