Quito, 2 dic (EFECOM).- La próxima emisión de bonos de deuda interna de 1.936 millones de dólares anunciada por el Gobierno ecuatoriano refleja la frágil situación de la economía de un país que aún necesita recurrir al endeudamiento para superar su compleja crisis fiscal.

Echar mano de más endeudamiento "refleja la dificultad que está teniendo el Gobierno para realizar el ajuste fiscal", aseguró a Efe el economista Alberto Acosta Burneo, editor de la revista económico-política Análisis Semanal.

Una dificultad que aumentó tras el revés económico y político que sufrió en octubre cuando, acorralado por manifestaciones sociales, el Ejecutivo debió derogar un decreto que eliminaba los subsidios a los combustibles con el que pretendía recaudar unos 1.400 millones de dólares adicionales.

Pero el país perdió más del doble de esa cantidad en los 11 días de protestas debido al bloqueo de carreteras, los saqueos, la destrucción de bienes públicos y la suspensión temporal de la exportación petrolera, entre otras consecuencias.

Con esa derrota bajo el brazo, el Ejecutivo encajó pocos días después un nuevo golpe, que le llegó cuando el Parlamento archivó su proyectos de reformas económicas, con las que buscaba lograr nuevos ingresos.

Bajo la mirada amenazante del movimiento indígena (que encabezó las protestas de octubre), el Gobierno de Lenín Moreno busca ahora mecanismos que permitan focalizar el subsidio a los combustibles y, así, recuperar una parte de los ingresos que pretendía.

Mantiene, asimismo, la mirada puesta en el Parlamento, que estudia un nuevo proyecto económico del Ejecutivo, menos ambicioso, en materia tributaria.

Con ese panorama, el Gobierno tendrá que depender del endeudamiento más de lo que se pensaba, mientras que el ajuste será mucho más lento de lo previsto, según Acosta.

Insistir en la receta de vivir del endeudamiento es "insostenible" a largo plazo pues, entre otras consecuencias, mantiene a la economía en una situación frágil, opinó Acosta, máster en Economía por la Universidad de Nueva York.

"Significa que solamente estamos posponiendo el ajuste y que el grueso del ajuste va a tener que hacerlo el nuevo Gobierno en 2021, enfrentando los mismos costos, pero con el agravante de que el nivel de endeudamiento será mayor y el coste de servir esa deuda sigue subiendo día tras día", explicó.

Con una brecha fiscal proyectada para este año de alrededor de 3.600 millones -que puede ascender a 5.000 millones de dólares si el Gobierno no "monetiza" los activos esperados, como pretende-, ese ajuste tiene que llegar tarde o temprano con la adopción de medidas globales.