Bruselas, 29 oct (EFECOM).- Los países de la Unión Europea (UE) con altos niveles de deuda desaprovecharon el crecimiento económico que se registró en 2018 para construir reservas fiscales y aumentaron el gasto público sin que se tradujese en un aumento de las inversiones, según informó este martes la Junta Fiscal Europea.

El informe anual de 2019, publicado este martes, por el cuerpo de asesores independientes de la Comisión Europea (CE) analiza la aplicación de las normas comunitarias de disciplina fiscal -el Pacto de Estabilidad y Crecimiento- durante el año pasado y reivindica una simplificación de las mismas.

"Los resultados presupuestarios fueron mejor de lo planeado gracias a unos ingresos y ahorro en intereses mayores de lo esperado. Como en los pasados años, las ganancias inesperadas solo se utilizaron parcialmente para construir colchones fiscales, especialmente en los países más endeudados", dice el documento.

Los asesores destacan que el gasto público fue mayor de lo esperado, pero no sirvió para aumentar la inversión pública, puesto que la mayor parte se destinó a gastos corrientes. Esto fue así, señalan, a pesar de la "flexibilidad" mostrada por la CE con muchos países.

Destacan que Bruselas evitó sancionar a Italia a pesar de que incumplió las normas gracias a un acuerdo entre la Comisión y el Gobierno basado en compromisos futuros, "en contra de la práctica establecida".

En este sentido, apuntan a que las "consideraciones políticas interfieren con la evaluación económica" y que la vigilancia por parte del Ejecutivo comunitario es cada vez más "bilateral", como mostró el caso italiano.

Apuntan también a que las reglas son "complejas y opacas", basadas en muchos indicadores diferentes, algunos de ellos "inobservables", lo que permite que los países tengan margen para decidir cuál eligen como referencia.

La JFE señala que, en el caso de España, el país se centró en llevar el déficit nominal por debajo del 3 % del PIB gracias a un crecimiento mayor de lo previsto, y logró salir del procedimiento por déficit excesivo a pesar de no cumplir con la exigencia de reducción del déficit estructural.

En este contexto, la Junta aboga por una "simplificación radical" de las normas de disciplina presupuestaria europeas, que se endurecieron durante la crisis y han sido objeto de críticas por su complejidad y por el margen de discreción que dejan a la Comisión.

Los asesores proponen pasar de indicadores homogéneos para todos a orientaciones específicas para cada país. Así, se fijaría un techo al aumento del gasto público neto ligado a un objetivo de deuda pública.

En lugar de la regla vigente de que la deuda no supere el 60 % del PIB, la Junta propone fijar metas individuales para cada país a siete años, de modo que los que tengan una deuda elevada se comprometan a reducirla, y los que tengan un nivel bajo, a aumentar el gasto favorable al crecimiento.

Además, proponen introducir una "regla de oro" que permitiría excluir del cálculo del gasto aquellas inversiones que sean favorables al crecimiento -por ejemplo con fines climáticos-, para favorecer que se mantenga la inversión también en momentos difíciles.

La cuestión de la simplificación de las normas fiscales europeas gana relevancia puesto que el Ejecutivo comunitario está llevando a cabo su revisión periódica de las mismas y el futuro comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni, se ha mostrado a favor de modificarlas.

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