Madrid, 28 oct (EFECOM).- El ex director general adjunto de Caixanova Gregorio Gorriarán ha avalado este lunes en la Audiencia Nacional el préstamo de 67 millones de euros concedido para una operación inmobiliaria en Rivas (Madrid), finalmente fallida, pues era muy "interesante" tanto por el importe como por lo "que llevaba detrás".

El exdirectivo, para el que la Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión por administración desleal continuada, ha incidido en el interés que presentaba este proyecto para la caja gallega -que acabó sufriendo un perjuicio de 41,8 millones-, y ha añadido que él personalmente la valoró de forma positiva en base a un primer informe de tasación.

La de Rivas es una de las siete operaciones sospechosas notificadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al Ministerio Público a raíz de las investigaciones crediticias a Caixanova, iniciadas en diciembre de 2010.

En su escrito, la fiscal Inmaculada Violán considera que, tanto Gorriarán como el que fuera presidente de la entidad Julio Fernández Gayoso, su ex director general José Luis Pego y el entonces consejero de la financiera inmobiliaria Domingo González Mera, habrían otorgado un préstamo de 67,1 millones para la compra de un solar a Rivas ACI, sociedad participada por varias mercantiles vinculadas.

Para Anticorrupción, los riesgos de esta concesión no fueron explicados al Consejo de Administración puesto que, con carácter previo a su aprobación, Caixanova se habría servido de análisis incompletos que no distinguían el valor entre las fincas y se basaban en una tasación que incluso advertía de la necesidad de recabar una cédula urbanística.

Tampoco se habría valorado que la sociedad prestataria, en la que participaba, entre otros, Gorrigebe, propiedad del hermano de Gorriarán, presentaba problemas de liquidez y solvencia, con un elevado endeudamiento financiero propio, en un momento en el que era patente la ralentización de las ventas de inmuebles por la incertidumbre que planteaba la crisis.

Un extremo que ha sido rechazado por Gorriarán que, con un recurrente tono airado, ha reconocido que aunque les llegaron algunas alertas de analistas que advertían de un frenazo en el sector, Caixanova descartó las dudas tras conocer la opinión del tasador de Rivas ACI.

"(El tasador) Dijo que durante la construcción de la urbanización se iba a dar la venta del 75 % de los 420 pisos, y que el resto se iba a vender en un periodo de siete meses desde la conclusión de la obra. No voy a llevarle la contraria", ha argumentado ante la sección cuarta de la sala de lo Penal para defender que la operación era razonable.

Asimismo, el exdirectivo ha negado que estuviera al tanto de los negocios de su hermano, pues éste "no me comentaba nada ni de esto ni de las 24 promociones inmobiliarias que estaba desarrollando en otras zonas", como Cantabria, Asturias y el País Vasco.

No obstante, ha reconocido que fue él quien le presentó a uno de los socios de la promoción "pero como persona", sin vinculación con ningún tema profesional, ya que su hermano "era una persona conocida" que "ha jugado años en Primera División".

Durante la sesión, el tribunal ha rechazado apartar del proceso a González Mera, cuyo letrado había alegado en el trámite de cuestiones previas una posible prescripción de los hechos.

En opinión de la sala, que sí ha admitido la incorporación al procedimiento de nueva documentación, declarar prescritas las acusaciones sería "descafeinar" el juicio, tal como ha comunicado a las partes la magistrada Teresa Palacios.

Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, en representación del FROB, pide para los exdirectivos cuatro años de prisión por la gestión fraudulenta del patrimonio de la caja, pena que Abanca, en calidad de heredera, rebaja a tres años de cárcel.