Roma, 23 oct (EFECOM).- La aerolínea Alitalia, en administración concursal desde mayo de 2017, ha vuelto a solicitar una prórroga para presentar un plan industrial que la salve de la quiebra y el Gobierno italiano la ha concedido esta vez hasta el 21 de noviembre.

Es la séptima prórroga que solicita la aerolínea y la empresa pública italiana Ferrovie dello Stato (FS) para convencer a socios privados de que inviertan en el capital de Alitalia, que no tiene beneficios desde 2002.

Ferrovie asumió el compromiso de elaborar un plan en octubre del pasado año y debía haberlo publicado antes del 31 de enero, pero pidió el primer retraso hasta el 31 de marzo, al que le siguieron otro hasta el 30 de abril, un tercero al 15 de junio, un cuarto al 15 de julio, un quinto al 15 de septiembre, un sexto hasta el 15 de octubre y este último, hasta el 21 de noviembre.

El ministro italiano de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli, ha autorizado este nuevo aplazamiento con dos condiciones: "la intervención directa de los administradores concursales y un debate inmediato con los interesados"; y que haya una "actualización diaria sobre el progreso de las negociaciones", según un comunicado.

Además de Ferrovie, en el proyecto para intentar reflotar a la aerolínea participan la concesionaria de autopistas Atlantia, propiedad de la familia Benetton y socia de la española ACS en Abertis, el Ministerio de Economía italiano y la aerolínea estadounidense Delta Air Lines.

En las últimas semanas, la aerolínea alemana Lufthansa se ha interesado por alcanzar algún tipo de colaboración comercial con la empresa italiana, algo que rechaza Ferrovie, pues quiere que se involucre en el proyecto, con la inversión y el riesgo que todo negocio conlleva.

Por otra parte está Atlantia que, según han explicado a

El Movimiento 5 Estrellas (M5S) cree a Autostrade culpable del siniestro, en el que murieron 43 personas, por no haber realizado los controles suficientes e insiste en retirar las concesiones, lo que sería un duro golpe para la filial de Atlantia, que controla la mitad de las autopistas de peaje italianas y gestiona una red de más de 3.000 kilómetros.

Alitalia está en administración concursal desde mayo de 2017 y tiene que devolver 900 millones de euros que le prestó el Ejecutivo del Partido Demócrata en 2017 para garantizar su operatividad, aunque por ahora no hay fecha límite.