San Juan, 31 ago (EFECOM).- La Junta de Supervisión Fiscal, entidad de control al Gobierno de Puerto Rico impuesta por Washington, cumple este fin de semana 3 años de difícil convivencia con el Ejecutivo en los que ha tratado de enderezar las cuentas públicas de la isla.

La entidad de control al Ejecutivo de San Juan nació cuando Congreso y Gobierno de Estados Unidos entendieron que Puerto Rico, que durante décadas había sacado adelante sus cuentas públicas emitiendo deuda, iba a ser incapaz de cumplir con sus acreedores, lo que amenazaba con litigios judiciales de consecuencias impredecibles.

El entonces gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconocía en junio de 2015 que la deuda de la isla era impagable y que era hora de sacar a este Estado Libre Asociado a EEUU de la "espiral mortal" en la que estaban envueltas sus finanzas públicas.

Tras años de gastar por encima de sus posibilidades y de emitir deuda para cuadrar sus presupuestos anuales, los mercados ya no estaban dispuestos a comprar más títulos del Estado Libre Asociado ante la sospecha de que el Gobierno de Puerto Rico sería incapaz de cumplir con sus compromisos con los acreedores.

El 30 de junio de 2016 el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, firmó para convertir en ley el proyecto conocido por su acrónimo de Promesa en el que el Congreso federal trabajó meses para rescatar a la isla, sin liquidez para pagar la deuda.

La ley daba un margen de unos meses al Gobierno local para reestructurar su deuda sin que los acreedores pudieran demandarlo y a cambio establecía la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal que controlaría la actividad gubernamental y las finanzas públicas.

La situación que desencadenó el establecimiento de dicha Junta tuvo su origen a principios de agosto de 2015, cuando el Estado Libre Asociado no saldó 94 millones de dólares a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en sus siglas en inglés), lo que se considera el primer impago de su historia.

La Junta está formada por siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y un miembro por el gobernador de Puerto Rico.

Algunos senadores como el demócrata Robert Menéndez o el independiente Bernie Sanders, excandidato a la Casa Blanca, calificaron en su momento esa ley como colonial e intervencionista.

La convivencia entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Ejecutivo puertorriqueño fue soportable durante el mandato de Alejandro García Padilla, pero a partir de enero de 2017 con la llegada de Ricardo Rosselló como jefe de Gobierno la relación comenzó a deteriorarse hasta que Rosselló anunció el pasado 25 de julio su dimisión, que se hizo efectiva el 2 de agosto.

La salida del Gobierno de Rosselló y su sustitución por Wanda Vázquez ha dejado una relación más cordial entre las partes.