Brasilia, 8 ago (EFECOM).- El pleno de la Cámara de Diputados de Brasil rechazó este miércoles ocho propuestas de modificaciones al marco legal de la reforma de las jubilaciones y pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y ahora el texto básico será enviado al Senado para su aprobación definitiva.

Los congresistas debatieron por más de nueve horas las ocho propuestas de cambios en puntos específicos presentadas por diversos partidos, siete de ellos de la oposición, y ahora la iniciativa, cuyo texto básico fue debatido el martes y aprobado en segunda instancia, deberá ser entregada este jueves al Senado.

Entre las propuestas estaban las modificaciones a algunos cálculos de beneficios por tiempo de contribución en la previsión social, a condiciones de servidores públicos expuestos al trabajo con agentes químicos y a reglas para la transición de quien trabaja en el sector privado y pasa al público.

También fueron discutidas reglas para el abono salarial de trabajadores de baja renta, beneficios para ancianos y personas con deficiencia, valores de pensión por muerte y techos mínimos para las contribuciones a jubilación.

Todos los cambios propuestos al texto básico fueron rechazados.

El miércoles, la Cámara Baja realizó la segunda de las dos votaciones necesarias para la aprobación del texto que define el marco general de la reforma con el respaldo de 370 diputados, frente al rechazo de 124 y una abstención.

En la primera instancia, realizada el pasado 10 de julio, 379 parlamentarios votaron a favor y 131 se manifestaron en contra de la polémica reforma, criticada por sindicatos, organizaciones sociales y los partidos de oposición.

Para su aprobación en segunda instancia, la propuesta del equipo económico de Bolsonaro necesitaba también superar los tres quintos necesarios (308 de 513 votos) que exige una enmienda constitucional, cuyo trámite parlamentario es engorroso y requiere diversas votaciones.

El marco legal de la reforma propone endurecer el acceso a las jubilaciones en busca de un ahorro fiscal equivalente a unos 251.000 millones de dólares en diez años.

El sector gobernante insiste en que la reforma alcance los ámbitos municipales y regionales, que fueron excluidos de la versión aprobada en julio, pese a que estaban en el proyecto original.

La reforma es la gran apuesta del primer Gobierno de ultraderecha que tiene el país para intentar recomponer una economía que entre 2015 y 2016 perdió siete puntos porcentuales de PIB, que creció a un ritmo insuficiente del 1 % anual en 2017 y 2018 y que este año se teme que pueda volver a caer en una recesión.

Con la reforma, rechazada por sindicatos y movimientos sociales, que protestaron en varias ciudades el lunes y el martes, el proyecto pretende reducir el gasto con un sistema de pensiones que el Gobierno considera "quebrado", acabar con un crónico déficit del sector público y liberar recursos para la inversión en áreas claves.