Madrid, 29 jul (EFECOM).- Revalorizar las pensiones conforme al IPC, aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, o actualizar el salario mínimo son algunas de las diez decisiones que están en el aire de cara al 2020 y que un Gobierno en funciones no puede acometer al no tener plena capacidad legislativa y ejecutiva.

De convocarse elecciones generales en noviembre -si finalmente fracasa la investidura de Pedro Sánchez-, el año 2020 abriría con un Gobierno de gestión limitada y sin poder adoptar medidas que no fueran ordinarias, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general.

La Constitución española señala que un Ejecutivo en funciones no puede ni presentar proyectos de ley en la Cortes ni aprobar un proyecto de ley de Presupuestos, por lo que comenzaría el año sin un techo de gasto, base de las cuentas públicas y de los presupuestos autonómicos.

Estas son algunas de las cuestiones que quedarían en el aire con un Gobierno en funciones:

1- PENSIONES

Seguiría en vigor el índice de revalorización de las pensiones del 0,25 % aprobado por el Ejecutivo del PP, ya que el real decreto de diciembre del año pasado sólo contemplaba subir la pensión según la inflación en 2018 y en 2019. Además establecía un plazo de seis meses para encontrar un mecanismo nuevo que garantizara el poder adquisitivo y que venció en junio.

La revalorización de las pensiones afectaría a 9 millones de pensionistas.

2- PRESUPUESTOS

No se podría presentar un techo de gasto, base para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y que son necesarios para que las comunidades autónomas puedan aprobar sus propias cuentas públicas.

La falta de Presupuestos supondría la vigencia por tercer año consecutivo de las cuentas de 2018 y aunque un Ejecutivo en funciones tiene la obligación de enviar un nuevo plan presupuestario a Bruselas en otoño, la falta de un techo de gasto validado por las Cortes podría levantar las quejas de la Unión Europea.

3- SMI

No se podría subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a medio millón de trabajadores, ya que habitualmente esta actualización se contempla en los Presupuestos Generales o se aprueba con un real decreto ley.

4- EMPLEADOS PÚBLICOS

La subida del sueldo del 2 % en 2020 para 2,5 millones de empleados públicos quedaría paralizada por la falta de la capacidad legislativa de un Gobierno en funciones, aunque esta medida se podría aprobar a lo largo del año y tener efectos retroactivos cuando se conformara un nuevo Ejecutivo.

5- SEGURIDAD SOCIAL

El préstamo que concede el Estado a la Seguridad Social comenzaría el año congelado, lo que aumentaría las posibilidades de tener que utilizar una mayor cuantía del fondo de reserva para hacer frente a las dobles pagas de las pensiones, la de verano y la de Navidad.

Los Presupuestos para 2018 y prorrogados en 2019 recogían la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros, del que este año se han dispuesto ya 7.500 millones de euros para la paga doble de julio.

Para finales de año apenas quedarán 6.330 millones para hacer frente a la paga de Navidad, por lo que es probable que el Gobierno en funciones deba hacer uso este año también de la llamada "hucha de las pensiones", que cuenta con 5.043 millones.

6- DIRECTIVAS

El Consejo General de Economistas señala que España debería trasponer al menos 18 directivas europeas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y recuerda que el Estado tiene que hacer frente ya a la denuncia de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE de cuatro directivas que se traspusieron fuera de plazo y cuyas multas podrían sumar conjuntamente cerca de 349.000 euros por cada día de retraso.

7- ORGANISMOS REGULADORES

Un Gobierno en funciones tampoco podría proponer los relevos de altos cargos de organismos supervisores como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), cuyo presidente, José María Marín Quemada, termina su mandato en septiembre de este año, junto con el de otros 4 consejeros.

8- ELECTROINTENSIVOS

La falta de un Gobierno ralentizaría la aprobación de un real decreto rey que recoja el estatuto para los consumidores electrointensivos, que el Ejecutivo retiró tras las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y que ha sido una de las grandes promesas para atajar la situación que atraviesa la gran industria, fundamentalmente por el elevado coste de la electricidad.

9- INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA

Queda en el aire la relicitación de las autopistas de peaje en quiebra que revirtieron al Estado tras las liquidaciones de las correspondientes sociedades concesionarias, así como la Ley de Cambio Climático que debe aprobarse como proyecto de ley, la supresión definitiva del impuesto a la generación eléctrica o la reforma para ampliar el bono social eléctrico.

10- BREXIT