Madrid, 25 jun (EFECOM).- El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) ascendió a 30.598 en los cuatro primeros meses del año, un 60,9 % más que en el mismo periodo de 2018, debido al importante incremento de las suspensiones de contrato.

De acuerdo con la Estadística de Regulación de Empleo publicada por el Ministerio de Empleo, 804 empresas emprendieron este tipo de medidas entre enero y abril, 21 menos que en 2018, con 989 procedimientos, un 18,1 % menos.

La medida más utilizada fue la suspensión de contrato, que afectó a 22.189 trabajadores, un 135,5 % más, en tanto que 7.581 empleados formaron parte de despidos colectivos, un 3,7 % menos; y a otros 828 les aplicaron reducciones de jornada, un 52,1 % menos.

Por sectores, el sector industrial encabezó la lista con 21.103 afectados por expedientes de regulación de empleo, el 165,4 % más, de los que su mayor parte -17.633- fueron suspensiones de contrato (casi el triple) y se dieron fundamentalmente en empresas de fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.

Precisamente, el fabricante de automóviles Ford está ejecutando un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en su planta de Almussafes (Valencia) de 6 días de duración, uno de ellos el 15 de marzo, que afecta a unos 6.000 trabajadores.

Por detrás de la industria se sitúan los servicios, con 8.522 afectados (14,6 % menos), sobre todo por los despidos colectivos (4.178) y suspensiones de contratos (3.906).

Los expedientes de la construcción afectaron a 641 trabajadores, un 8,6 % menos; en tanto que en la agricultura hubo 332 empleados, el 14,4 % menos.

Por actividades, además de los 20.799 trabajadores afectados de la industria manufacturera, se encuentran los de la hostelería (1.977), las actividades administrativas y servicios auxiliares (1.605) y el transporte y almacenamiento (1.249).

Las comunidades autónomas con más trabajadores inmersos en expedientes de regulación de empleo fueron la Comunidad Valenciana (12.851, de los que 12.265 fueron suspensiones de contratos), Madrid (3.942) y Cataluña (2.674).