Madrid, 21 jun (EFECOM).-La patronal de promotores y constructores de España (APCE) sostiene que pese a la tensión de precios de la vivienda en ciudades como Madrid o Barcelona no hay un "recalentimiento" generalizado en España, a pesar de que la construcción de nueva vivienda está por debajo de las necesidades.

En respuesta a las afirmaciones del BCE sobre los precios de la vivienda en España, la patronal considera que el sector inmobiliario español todavía cuenta con margen de crecimiento, dado que, además, la construcción de vivienda nueva se encuentra "muy por debajo" de los índices anuales que había durante el periodo previo a la crisis económica.

Según APCE, España registra un ritmo de construcción de 100.000 viviendas anuales, frente a las 800.000 del periodo precrisis, con menores niveles de apalancamiento familiar y mayor rigor hipotecario.

APCE considera que, pese a "cierta tensión" de precios en algunas ciudades de España, como Madrid o Barcelona, el incremento de los precios no es homogéneo en el país, "una clara muestra de la inexistencia de recalentamiento en los precios".

En este sentido, señala que en la mayor parte de las zonas y ciudades de España los precios de la vivienda están todavía en valores inferiores a los alcanzados en el periodo precrisis.

En este contexto, reclama a las Administraciones Públicas trabajar conjuntamente con el sector inmobiliario para favorecer la promoción de vivienda de nueva construcción y lograr un incremento "sustancial" de la oferta de vivienda social y pública, que se encuentra en mínimos históricos, a través de la colaboración público-privada.

Para la patronal, la escasez de oferta de vivienda social y vivienda pública es una de las principales razones del difícil acceso al mercado inmobiliario de determinados segmentos de la población, como los jóvenes.

Por ello, aboga por el aumento de la oferta de vivienda social y pública, junto a otras medidas como ayudas e incentivos fiscales para contribuir a que los jóvenes puedan adquirir una vivienda.

La Asociación considera fundamental dotar al sector de seguridad jurídica para desarrollar políticas efectivas que se alejen de medidas cortoplacistas que "tradicionalmente han imperado en la regulación de la industria".