Madrid, 11 jun (EFECOM).- El Defensor del Pueblo ha reclamado un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los colectivos más desfavorecidos y ha pedido a las administraciones más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social.

En este sentido, en opinión del Defensor del Pueblo "no ha habido política de vivienda" y esto ha derivado en la realidad actual, en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha insistido en que a lo largo de la crisis económica, y en función de las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010, se ha vivido un retroceso en la política de vivienda que ha conducido a España a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social "en un bien tan esencial".

Asimismo, el Defensor del Pueblo se ha mostrado "especialmente" preocupado por las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas y ha pedido, por ello, que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.

En el contexto actual, ha abogado por un cambio en la política de vivienda ya que considera "urgente" formular una oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los grupos que más han sufrido los efectos de la crisis económica.

Entre ellos, cita a las familias con menores a cargo o con personas con discapacidad; mujeres solas con cargas familiares; familias constituidas por personas en situación de desempleo o que perciben una baja retribución; jóvenes que no han podido alcanzar la emancipación residencial y mujeres víctimas de violencia de género.

Por todo ello, ha pedido a las administraciones que se doten de recursos suficientes y busquen nuevas vías, más rápidas y eficaces, para atender las situaciones de emergencia social, sobre todo cuando hay menores implicados.

"Son casos que requieren soluciones inmediatas ya que la necesidad de vivienda y urgencia es mayor", subraya el Defensor del Pueblo.

Además, ha recomendado a comunidades autónomas y ayuntamientos que creen una base de datos única que coordine los distintos Registros Públicos de Demandantes de vivienda.

También ha subrayado que tras la investigación realizada en 2018 con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en materia de vivienda social y desahucios, ha reclamado a ambos departamentos un análisis coordinado del Dictamen del Comité sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Sobre todo, teniendo en cuenta que en 2017 ésta determinó que España violó el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores que fue desahuciada en 2013 sin que se le proporcionara una vivienda alternativa.