Madrid, 11 jun (EFECOM).- El Defensor del Pueblo critica que la Seguridad Social haya rechazado su recomendación y siga embargando prestaciones asistenciales mínimas cuando se cobran de forma acumulada, según recoge en el informe anual de gestión de 2018 publicado hoy.

La institución muestra su "preocupación" por los embargos practicados en cuentas corrientes "que se nutren exclusivamente de cantidades procedentes de ayudas de urgencia, rentas mínimas de inserción, rentas de garantía de ingresos o prestaciones complementarias de vivienda, todas ellas por importe inferior al salario mínimo interprofesional (SMI)".

La ley, recuerdan, fija que las ayudas mensuales que están por debajo del SMI son inembargables y esto debería mantenerse cuando, por cualquier motivo, se cobran de forma acumulada.

En estos casos, añade, la cuantía que se transfiere en un solo pago a la cuenta corriente de los beneficiarios debe prorratearse entre el número de meses a los que corresponde y si resulta por debajo del SMI tampoco debe embargarse.

El Defensor del Pueblo insiste en la importancia del asunto y subraya que "estos embargos privan a los beneficiarios de una prestación asistencial, que durante meses han esperado, que han recibido acumulada, pero que necesitaban mes a mes para subsistir y que les ha sido concedida, precisamente, en atención a la ausencia de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas".

"No es razonable, y resulta incongruente con el fin que persiguen las prestaciones de esta naturaleza, que su ingreso acumulado depare en perjuicio del beneficiario al estimarse por los órganos gestores de la Seguridad Social que tales cantidades constituyen un saldo positivo o ahorro susceptible de embargo", concluye.

Junto a este tema, el informe recoge otras recomendaciones en cotizaciones, compatibilidades de prestaciones o pensiones.

En este último tema, la institución apunta a la necesidad de que se "garantice la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica, no solo de los actuales pensionistas, sino también de los futuros".

Y señala que el estudio y debate de los asuntos relacionados con una posible reforma del sistema de pensiones, y en especial de su financiación, "ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo, con el mayor nivel de consenso posible".

En materia fiscal, el informe insiste en la necesidad de modificar la normativa sobre la plusvalía municipal para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba dos artículos de la Ley de Haciendas Locales y fija que no hay que pagar este impuesto si se vende a pérdidas.