El Gobierno asturiano ha advertido de que la situación de Alcoa, cuyas plantas en A Coruña y Avilés no podrán prestar el servicio de interrumpibilidad desde el 1 de julio ni recibir las ayudas correspondientes, hace "aún más necesario y urgente" aprobar el Estatuto para la industria electrointensiva.

Alcoa no podrá prestar ese servicio aunque aparezca un comprador viable para ambas plantas, amenazadas de cierre, tras comunicar en enero pasado que suspendían la producción de aluminio y desistían de prestar servicio después de que se desestimara su solicitud de excepcionalidad para participar en la subasta de interrumpibilidad de energía eléctrica para el segundo semestre de 2019.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, el consejero de Industria y Empleo, Isaac Pola, ha señalado que se ha dirigido al Ejecutivo central para que acelere la aprobación del Estatuto, que quedó sobre la mesa del Consejo de Ministros antes de las elecciones generales, tras las alegaciones presentadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Además, según Pola, las empresas interesadas en la compra de las plantas de Avilés y A Coruña ya habían advertido de que, en caso de adquirirlas, deberían acometer inversiones que impedirían acogerse al servicio de interrumpibilidad durante el segundo semestre del año aunque sí podrían hacerlo de cara al próximo ejercicio.

El consejero ha reiterado su preocupación por las condiciones de la subasta del segundo semestre, que además de a Alcoa afecta en el Principado a empresas como ArcelorMittal o Asturiana del Zinc, cuyos precios de salida oscilarán entre 125.000 euros para los bloques de 5 megavatios (MW) y 150.000 euros para los de 40 MW, lo que supone una reducción de 25.000 euros y 50.000 euros, respectivamente.

Esta asignación de derechos "no es la deseada", ha apuntado, dado que a la rebaja de precios se une un descenso "relevante" del número de bloques de 40 megavatios a asignar pese a que se incrementen los de 5 megavatios, con lo que "todo apunta" a que los precios que obtengan las empresas sean inferiores a los del primer semestre.

En este sentido, ha recordado que los bloques asignados en junio del año pasado alcanzaron un precio medio de 105.863 euros frente a los 77.807 de los del primer semestre de 2019.