La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del Banco Santander por su imputación en la quiebra y posterior liquidación del Banco Popular, al considerar que es necesaria su presencia "en concepto de investigada, con todos los derechos propios de tal condición".

En un auto fechado hoy, el titular del juzgado central de instrucción n 4, José Luis Calama, recuerda que el Código Penal señala que "en el ámbito de las sociedades, la pérdida de su personalidad jurídica o su transformación no conlleva aparejada la extinción de su posible responsabilidad penal, sino todo lo contrario".

De existir dicha responsabilidad, prosigue la norma, se transmite a la nueva sociedad, de modo que no se pueda sortear la responsabilidad penal "por medio de operaciones de transformación, fusión, absorción o escisión".

Calama incorporó el pasado mes de enero al Santander como persona jurídica investigada por las presuntas irregularidades en la gestión del Popular, al considerarla heredera después de que el pasado septiembre culminara la fusión.

El magistrado aplicó el principio de "sucesión procesal por absorción de sociedades", una vez acreditado que el Santander "absorbe y adquiere en bloque y a título universal todos los elementos patrimoniales integrantes del activo y del pasivo del Popular".

En su recurso, el Santander alegó que dicha condición era contraria a los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad que contemplan la Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y aseguraba que la única responsabilidad derivada posible sería civil subsidiaria.

Asimismo, el banco recordaba que la resolución del Popular fue decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) que, "en protección de relevantes intereses generales", acordó el 7 de junio de 2017 "la creación de una nueva realidad para venderlo a un tercero".