Madrid, 12 mar (EFECOM).- Los asesores fiscales se han mostrado este martes preocupados por el retraso en la transposición de la directiva sobre transparencia fiscal DAC 6, que ya está en vigor y podría acarrear sanciones a cuestiones aún por regular en España.

Durante su intervención en un congreso sobre buenas prácticas tributarias organizado por Lefebvre, el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez, ha explicado que la directiva DAC 6 -que obliga a los intermediarios fiscales a compartir información sobre planificación fiscal agresiva- está en vigor desde 2018 aunque aún no haya sido transpuesta en España.

Así, el miembro de la dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria Antonio Montero ha admitido que por este hecho la directiva implica "una cierta retroactividad" sin que se conozca qué va a implicar para los asesoramientos que se hacen ahora.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, ha señalado que, pese a la colaboración que mantiene para que la transposición sea "lo más práctica y eficiente posible", está preocupado con respecto a su afectación al secreto profesional y "sobre todo" a las posibles sanciones en materia de suministro de información.

También la vocal del consejo directivo de REAF Carmen Jover ha incidido en que la directiva "está en vigor" y se ha mostrado preocupada por cómo quedará el secreto profesional o el código sancionador en la transposición, especialmente en lo que se refiere al actual periodo transitorio.

Respecto al secreto profesional, Gómez ha aclarado que la directiva establece que se regirá conforme al derecho interno, lo que a su juicio implica que el secreto profesional no va a verse modificado.

En ese sentido, el presidente de la Federación Española de Asociaciones de Profesionales Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), Joan Torres, ha coincidido en que la directiva plantea "dudas" sobre varias cuestiones, entre ellas una posible "distorsión de la competencia" en asesoría fiscal en función de cómo se transponga en los diferentes países europeos.

Tanto Alemany como Jover han apuntado que de respetarse finalmente el secreto profesional ya regulado en cada país podría afectar a la competencia entre países, ya que habría preferencia por aquellos lugares donde esta materia es más garantista y por tanto hay menos obligación de informar.

Alemany ha considerado que, en cualquier caso, los clientes deberían tener derecho a "conocer" las consecuencias de una determinada planificación fiscal agresiva sin que sea comunicada a la administración porque la realidad es demasiado "compleja" para saber los riesgos sin asesoramiento profesional.

El presidente de la Aedaf ha abogado también por elaborar "listas" de operaciones ya conocidas que no tengan que ser comunicadas mientras que Torres ha reclamado un "retorno" porque "la colaboración no tiene que ser gratis", una compensación que según Jover debería tener la forma de seguridad jurídica.