Buenos Aires, 1 mar (EFECOM).- El Gobierno de Argentina dispuso este viernes que las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor, las mayores del país, pasen a estar bajo la jurisdicción de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, de modo que recibirán menos subsidios del Estado nacional.

Mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno argentino encomendó al Ministerio de Hacienda realizar "los actos necesarios" para que las dos distribuidoras pasen a depender de las autoridades gubernamentales capitalinas y provinciales.

Edesur, controlada por el grupo italiano Enel, y Edenor, controlada por la firma argentina Pampa Energía, reciben hasta ahora millonarios subsidios del Estado nacional para prestar servicios en la capital y su populoso cordón urbano.

El año pasado, el Gobierno de Mauricio Macri, que se ha propuesto alcanzar el equilibrio fiscal este año, acordó con los Ejecutivos capitalino y bonaerense, ambos gobernados por aliados al presidente, traspasar la jurisdicción de las empresas eléctricas.

El decreto publicado este viernes ordena al Ministerio de Hacienda realizar las "gestiones y la suscripción de los actos que resulten necesarios para dar efectivo cumplimiento" a los dispuesto en la ley de Presupuesto 2019.

En uno de los artículos de esta norma, aprobada por el Parlamento a finales del pasado año, se estableció que Edenor y Edesur pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires.

Este jueves, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, se reunieron para acordar detalles del traspaso.

El proceso se hará mediante la creación de un ente bipartito de control y regulación que suplantará las tareas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Como parte del acuerdo, la denominada "tarifa social", para usuarios de menores recursos, que hasta ahora era subsidiada por el Tesoro nacional, será garantizada por los Estados provincial y capitalino.

Como parte del proceso, también se realizará una auditoría de la situación económico-financiera de las empresas y de la situación operativa y técnica del servicio público a su cargo.