Sevilla, 14 feb (EFE)- El caso iDental ha supuesto que el sector sanitario liderase en 2018, por primera vez en la historia, el listado de reclamaciones en FACUA, seguido, como el año anterior, de las telecomunicaciones, mientras que la banca bajó al tercer puesto, según ha explicado la organización en rueda de prensa.

Durante 2018 los consumidores plantearon 58.920 consultas y denuncias a FACUA y sus equipos jurídicos abrieron 13.155 expedientes en defensa de sus asociados para reclamar la devolución de cantidades cobradas de forma irregular, el pago de indemnizaciones, la anulación de deudas o el cumplimiento de ofertas publicitarias entre otras cuestiones.

"Un año más la opacidad de las administraciones ha intentado entorpecer nuestra labor en defensa de los consumidores, administraciones que nos niegan el acceso a la información sobre los expedientes que ellas mismas abren como consecuencia de nuestras denuncias" , ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

La asociación ha denunciado la "escandalosa" falta de actuaciones de las autoridades con competencia en protección de los consumidores a nivel estatal y autonómico ante los "gravísimos fraudes" que se vienen produciendo estos últimos años, según Sánchez, quien ha afirmado que "en la mayoría de los casos FACUA consigue resolver las causas".

El sector sanitario ha sido el gran protagonista de 2018 con el 27,4 % de las reclamaciones, en la inmensa mayoría de casos por las irregularidades y el cierre iDental.

De los 3.605 expedientes iniciados por FACUA el año pasado por problemas en la sanidad pública y la privada, 3.380 correspondieron a las citadas clínicas odontológicas.

Las compañías de telecomunicaciones han representado el 19,3 %, junto a las subidas fraudulentas de tarifas aplicadas por las principales compañías, incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones el cobro de llamadas no realizadas, entre otras.

Los bancos y entidades financieras han alcanzado la cifra de 2.121, en su mayoría por los fraudes de la cláusula suelo y la imposición al consumidor del pago de todos los gastos de la formalización de la hipoteca.