Madrid, 5 feb (EFECOM).- El Consejo de Economistas ha rebajado su previsión de crecimiento económico para este año dos décimas, hasta el 2,1 %, y asegura que el déficit público se situará entre el 2,1 y el 2,2 % del PIB, pese a que el objetivo oficial es del 1,3 %.

En un encuentro con los medios, el coordinador del observatorio financiero, Salustiano Velo, ha señalado que el estudio apunta a una "ralentización" del crecimiento, tanto porque el ciclo está "perdiendo fuerza" como por las mayores dificultades que afronta en entorno económico internacional.

El observatorio financiero rebaja una décima la previsión de crecimiento económico para este año, hasta el 2,1 %, y otra décima la estimación de inflación, hasta el 1,9 %.

La previsión de paro para este año se mantiene en el 14 %, mientras que estiman que el consumo crecerá un 1,8 % y las exportaciones, un 3 %.

Para 2020, el Consejo espera que la economía crezca un 1,7 % -con avances del 1,6 % en consumo y del 3,5 % en exportaciones-, mientras que la inflación repuntará un 2,1 % y la tasa de paro se situará en el 13,25 %.

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo, Antonio Pedraza, se ha mostrado "optimista" por la futura evolución de la economía gracias a factores como la vivienda o el turismo y a pesar de elementos como el conflicto catalán, ya que ha señalado que Cataluña resta ahora crecimiento en lugar de aportar como ocurría tradicionalmente.

Pedraza ha insistido en que "es bueno que los Presupuestos se aprueben" y ha señalado que un hipotético adelanto electoral "puede ser incluso positivo" porque los comicios son un síntoma de "normalización" del país y porque es difícil gobernar con "tan poco" apoyo parlamentario.

A pesar de ello, se ha mostrado "incrédulo" de que se logren los objetivos de ingresos apuntados por el Ejecutivo, por lo que ve "muy difícil" que el déficit quede por debajo del 2,1 o el 2,2 % del PIB.

Respecto al futuro impuesto a las transacciones financieras, el presidente del Consejo de Economistas, Valentín Pich, se ha limitado a cuestionar que "un país del sur de Europa" plantee esta tasa en solitario, especialmente en un momento en que se intenta atraer mercado financiero en un momento de salida del Reino Unido de la Unión Europea, lo que puede llevar a "incertidumbre".

Pich ha considerado que tanto el impuesto a las transacciones financieras como el de determinados servicios digitales buscan adaptar la fiscalidad a una nueva realidad y que España puede ser tanto un "acicate" para otros países como adentrarse en "un mundo inexplorado".