La economía colaborativa tiene un impacto significativo en el mercado actual. Plataformas como UBER o AirBnB han cambiado muchos modelos de negocio, también han obligado a sectores tradicionales a enfrentarse a dilemas que hasta la fecha no pasaban por sus cabezas. La polémica surge cuando los diversos protagonistas se enfrentan pero las restricciones, criterios y normativas no son los mismos. Esto provoca un desagravio comparativo donde normalmente el sector establecido se encuentra en inferioridad de condiciones respecto a la pujante startup de economía colaborativa.

La innovación proviene de aquellos que están dispuestos a cambiar las cosas. De ahí la importancia de este tipo de empresas. BlaBlaCar, WeSmartPark, Amovens, Car2go… las más conocidas son del mundo del transporte pero la economía colaborativa es un concepto que abarca mucho más. ¿Está la ley adaptada a este nuevo paradigma? La respuesta es no, pero el debate sí está sobre la mesa.

Vamos a intentar mostrar algunos de los puntos clave que definen el estado actual de la regulación de la economía colaborativa. Sus defensores, detractores, ventajas, desventajas, dilemas y una visión sobre su futuro. Un debate con muchos grises en los que como siempre ocurre con temas calientes las posiciones están muy polarizadas.

La polémica: Podemos critica a UBER y Cabify

Podemos, el partido político español de izquierdas, ha vuelto a prender la llama con unas declaraciones hostiles contra UBER y Cabify. Uno de sus miembros, Rafa Mayoral, ha asegurado en un acto ante taxistas que «esta aplicación pone en riesgo a un sector laboral como el del taxi y que atenta contra el sistema fiscal». La crítica no termina ahí. Aseguran que Uber debería ser prohibido ya que se encuentra fuera del sector regulado.

El sector tradicional del taxi ha aplaudido estas declaraciones con añadidos como el del portavoz de Élite Taxi: «lo único que hace Uber es evadir impuestos y llevarlos a paraísos fiscales, le dan igual las personas».

Desde Cabify España ya han contestado comentando que pagan sus impuestos religiosamente en nuestro país y esas acusaciones por parte de Podemos no 

Qué opina la Comisión Europea

La Comisión Europea tiene otro punto de vista. “Las prohibiciones absolutas de una actividad sólo deberían imponerse como último recurso”. No se puede prohibir una iniciativa como la economía colaborativa por el simple hecho de generar incertidumbre entre los operadores tradicionales. Obstaculizar la innovación, la creación de empleo y el crecimiento no entra en los planes de la Comisión Europea. El objetivo es lograr que se desarrolle de forma adecuada, creando una oportunidad para consumidores, emprendedores y empresas.

Si el estado español prohíbe UBER se generaría una fragmentación de las leyes europeas, donde queda a criterio nacional un tema que afecta al mercado de forma global. Tal es la dificultad de generar consenso que en los EEUU se han llegado a acuerdos extrajudiciales para evitar pronunciarse sobre este problema. A pesar de eso, sí se han realizado avances para la regularización del sector como la supresión del permiso BTP, el permiso especial para conducir taxis o ambulancias.

Ventajas y desventajas de la economía colaborativa

¿Dónde radica el problema? ¿Cuáles son los motivos que UBER y AirBnB se consideren tan disruptores? ¿Cuáles son los problemas para que sean plataformas tan problemáticas?

Algunas ventajas serían:

• Gran parte del beneficio va a parar al trabajador.
• Quedan todos los datos del trayecto registrados. Persona que ofrece el servicio, tiempo, trayecto, localización. Vanguardia tecnológica y seguridad para el consumidor.
• Flexibilidad y reducción de costes.
• Fácil acceso para poder ofrecer el servicio. Cualquiera con carnet, una habitación o el producto a ofrecer. Esto aumenta la diversidad de los trabajadores.

Por contra, algunas desventajas:

• No se pagan los impuestos correspondientes.
• Los empleos son de mala calidad, no se paga ni seguridad social ni prestaciones.
• La empresa no rinde cuentas sobre su actividad

Ni las ventajas son inherentes a la economía colaborativa, ni las desventajas son tan contundentes. Hace falta más regulación, sí, principalmente para dotar de un marco legal y ofrecer más seguridad a los empleados. Esto implicaría un aumento de costes y los precios ya no serían tan competitivos. Por otro lado, flexibilizar las condiciones para que más personas puedan ofrecer un servicio es necesario. La economía colaborativa se basa en unos buenos preceptos, solo hace falta ponerse de acuerdo entre todos cuáles son los límites.

El caso de Airbnb: qué medidas han hecho los gobiernos

Otro caso que ha enfrentado a las autoridades con la economía colaborativa; el de Airbnb. Cataluña ha sido pionera en imponer una multa de 30.000€ a Airbnb por comercializar apartamentos turísticos ilegales. Decisión que podría provocar una sanción por parte de la Comisión Europea que todavía no se ha puesto de acuerdo en qué medidas hay que hacer contra la economía colaborativa.

El caso es que los ayuntamientos y gobiernos han creado equipos de trabajo para elaborar una legislación que se adapte a esta nueva economía. Un problema ya que cada parte establece criterios distintos.

Interesantes son los trabajos de Barcelona donde se ha relacionado la ubicación de los alquileres de Airbnb con los hoteles. También recordamos el trabajo de datos realizado por El Español donde afirmaban que el 91% de los pisos en Madrid y el 64% en Barcelona están fuera de la ley. Aunque España no es el único país donde las autoridades están enfrentadas, Berlín es otra ciudad que ha puesto el punto de mira en Airbnb. En la web Airbnb vs Berlin podemos descubrir todos los datos clave.

Para finalizar la polémica, hoy leemos desde Sabemos que Airbnb solo declara 108000€ en España. Es decir, utiliza las mismas tretas legales que ya hacen otros como Apple o Google. Tributar en Irlanda ya que allí hay menos impuestos. A pesar de estar arraigada en España y cobrar comisión por cada apartamento alquilado, la empresa solo se define como una empresa de marketing y objetivos de mercado. Un problema que no es inherente a la economía colaborativa pero deja en entredicho la función social de estas empresas.

Si en UBER son los taxistas, con Airbnb son los hoteles el sector tradicional que actúa como competidor. La CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) tiene una serie de peticiones:

• Integrar el alquiler de alojamientos privados para estancias cortas en la legislación como alojamiento turístico
• Establecer Procesos para registrarse y obtener una licencia
• Medición de los Alquileres de Alojamiento privados a corto plazo en las Estadísticas Turísticas
• Cumplimiento de las Exigencias y Realización de Inspecciones para la Seguridad y Protección
• Cumplir las normativas fiscales
• Verificar la Identidad del Cliente atendiendo a los requisitos del Acuerdo Schengen
• Proteger los derechos y beneficios de los empleados
• Proteger la calidad de vida de los vecindarios
• Aclarar y garantizar la adecuada distinción entre propiedad residencial y comercial
• Controlar la dispersión de los pisos de uso turístico

La mayoría son bastante consecuentes aunque su implementación puede ser endiabladamente complicada. Por otro lado, son los mismos hoteles quienes más convencidos están del potencial de Airbnb.

¿Cuál es el futuro de economía colaborativa?

El futuro para regular la economía colaborativa pasa por crear marcos globales que establezcan pautas a seguir por todos. Desde aquí creemos que prohibirlos es una exageración, un fenómeno mal entendido. Los gobiernos del siglo XXI deben entender y aprovechar la ola de esta innovación, aunque su deber para los ciudadanos es actuar como organizador. Un marco legal que se adecúe a estas nuevas tecnologías.

La Autoridad Catalana de la Competència (ACCO) considera que la economía colaborativa entendida como transacciones entre iguales es positiva para la competencia. En el estudio se propone minimizar los efectos negativos con un sistema de transferencia de derechos. Es decir, todos tienen derecho a ejercer la actividad pero con ciertas limitaciones en el tiempo y el espacio. Ni trabajadores o pisos las 24h ni aglomeración por zonas. Tal y como leemos en consumocolaborativo los puntos clave se resumirían en:

• No discriminar la nueva realidad ni cuando las administraciones se aprovisionan de bienes y servicios, ni cuando ofrecen.

• Contribuir en elementos clave como la reputación de los usuarios. Garantizar la identidad (registro digital) y abrir datos relevantes  antecedentes penales…). Esto ofrece oportunidades de desarrollar nuevos negocios.

• Satisfacer las necesidades no cubiertas por el propio mercado. Ofrecer ciertas garantías mientras no exista otra oferta de estos productos, por ejemplo, el alquiler de vehículos entre particulares.

Se busca solución global

La economía colaborativa ha venido para quedarse. Los distintos organismos estatales están creando una regulación a marchas forzadas pero hace falta una respuesta a nivel europeo. Desde los altos organismos ya se ha debatido y se han puesto del lado de la economía colaborativa aunque queda esperar a la creación del marco del Mercado Único Digital para la Europa del 2020. Durante la creación de ese organismo se definirán las futuras leyes aplicables a la economía colaborativa y que establecerán sus márgenes de acción.

Una de las medidas sería empezar a recaudar el IVA. De momento Airbnb ya tiene establecido un sistema en ciudades como París para recabar las tasas turísticas y enviar ese dinero a la administración. El objetivo es crear un sistema de comunicación entre empresa y gobierno, compartiendo datos de uso, estableciendo límites anuales y obligando a pagar impuestos a aquellos usuarios que sobrepasen determinados patrones.

Lo cierto es que la próxima gran startup europea podría estar estrechamente relacionada con este fenómeno, es fundamental crear un entorno que fomente estos negocios pero a su vez garantice una fiscalidad y condiciones de trabajo justas. Más allá del marco europeo se encuentra el TTIP, el tratado entre los EEUU y Europa que desea unificar criterios. Estamos ante un debate complejo con muchos puntos de vista, pero estamos bastante convencidos que las posiciones contundentes; tanto prohibitivas como ultraliberales no son la solución.