Los sindicatos y los partidos de la izquierda se reunieron ayer en el Congreso de los Diputados para demandar al Gobierno una revalorización de las pensiones de 2017 de un 1,2%. Sin embargo, el Ejecutivo en funciones no se ha tomado bien esta petición y considera que “lo oportuno hubiese sido esperar a la formación de la Comisión del Pacto de Toledo para negociarlo”. Así se ha explicado la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sáenz de Santamaría ha recordado que es imprescindible “trabajar por la sostenibilidad de las pensiones”, declaraciones con las que deja en el aire la petición firmada conjuntamente por CCOO, UGT, PSOE y Podemos. “Este es un asunto de Estado”, ha indicado la vicepresidenta, por lo que “hay que trabajar por los pensionistas actuales y también por los del futuro”.

La revalorización de las pensiones debe discutirse desde un punto de vista más amplio que una subida puntual, hay que garantizar su sostenibilidad

El Gobierno considera que este debate tiene que ir más lejos del asunto de la actualización de las pensiones en un año puntual. “Debe analizarse desde un punto de vista más amplio”, ha advertido Sáenz de Santamaría. El Ejecutivo se escuda en el Factor de Sostenibilidad que aprobó en 2013 para mantener la revalorización de las pensiones en el 0,25%, que es el mínimo que obliga la Ley.

Esta revalorización quedará aprobada en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que se hizo efectiva el 1 de octubre ya que no se habían aprobado las cuentas hasta entonces. Sáenz de Santamaría ha anunciado que si Mariano Rajoy es elegido presidente sin celebrar unas terceras elecciones, el Gobierno aprobará por Real Decreto Ley algunas modificaciones de gasto, entre las que incluirá la revalorización las pensiones, pero no ha indicado en qué cantidad.

La vicepresidenta ha recordado que durante todos los años de Gobierno del Partido Popular se han revalorizado al alza las pensiones. Hasta ahora, con una revalorización del 0,25% era suficiente para permitir que los beneficiarios elevaran su poder adquisitivo dada la caída de los precios. De hecho, sin este mínimo, la factura de las pensiones de la Seguridad Social sería 1.240 millones de euros inferior. 

A partir de 2017, cuando el IPC vuelva a aumentar (la estimación del Gobierno es que aumente un 1,2%), el factor de sostenibilidad empezará a tener efecto y reducir la capacidad de poder adquisitivo de los pensionistas aunque suba la cuantía de su pensión.

Negociación autonómica

Sáenz de Santamaría también ha anunciado que las negociaciones con otros partidos políticos para sacar adelante la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria van por el buen camino. Esta reforma servirá para permitir a un gobierno en funciones que lleve al Congreso una propuesta de techo de déficit y deuda para que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan firmar sus presupuestos. Esta situación está bloqueada actualmente, por lo que las administraciones territoriales todavía no han podido aprobar su presupuesto para 2016 y tampoco para 2017.

Esta reforma de la Ley Orgánica “podría estar aprobada el 25 o 26 de octubre”, ha informado Sáenz de Santamaría, por lo que el Ejecutivo se asegura que aunque no haya un nuevo gobierno, la situación de las administraciones territoriales pueda desbloquearse. “Si no hay investidura, aprobamos el acuerdo del objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las AAPP y los Presupuestos del Estado se prorrogarían automáticamente”, ha indicado la vicepresidenta.

La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria podría estar aprobada el 25 o 26 de octubre para permitir que las autonomías firmen sus presupuestos

La nueva senda presupuestaria que podrá aprobar el Congreso incluye repartir entre las diferentes administraciones el nuevo margen de déficit que ha concedido la Comisión Europea a España. En concreto, en agosto marcó una nueva senda que permite al conjunto del país cerrar este año con un déficit del 4,6% y del 3,1% para 2017. En total unos 25.000 millones de euros respecto al objetivo inicial que hay que repartir entre las diferentes administraciones.

Para ello, el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera para negociar con las autonomías el nuevo reparto del déficit. Sáenz de Santamaría ha indicado que pretende aprovechar al máximo la nueva senda y repartir una parte con las autonomías. Las regiones tienen que cerrar este año 2016 con un déficit del 0,7% de su PIB (un objetivo que es oficioso, pero todavía no oficial, porque no ha podido aprobarse), pero una vez que se negocie en el Consejo, se ampliará. Todavía está por ver en qué cuantía.