Tenía 81 años y hacía dos meses que le habían cortado la luz en casa por impago. Por eso, Rosa dormía con una vela la encendida, la causante del incendio en su vivienda de Reus (Tarragona) que acabó con su vida este lunes.

Rosa, como 1 de cada 10 familias en España según un informe de Economics of Energy, sufría pobreza energética. En Cataluña, donde ella vivía, la ley 24/2015 que regula las ayudas de emergencia social dice que la empresa debe avisar del corte de suministro y, si la familia está en situación de vulnerabilidad, la Administración debe hacerse cargo del pago de la factura. Era el caso de Rosa, pero no se actuó a tiempo: ni la empresa avisó del corte de suministro ni los servicios municipales fueron capaces de detectar la situación -o la gravedad de la situación- de pobreza de la anciana.

La pobreza energética afecta en España a más de 5 millones de ciudadanos, apunta la Asociación de Ciencias Ambientales. Se le asocia, además, unas 7.000 muertes al año en nuestro país. La situación se ha agravado con la crisis económica. Según recoge el INE, en 2004, el 7,3% de los españoles tuvo algún tipo de retraso en el pago de gastos relacionados con la vivienda, como puede ser la factura del gas; en 2015, esta cifra ascendió al 11%.

Aragón, en cabeza

El pasado 3 de noviembre, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad la Ley de Reducción de la Pobreza Energética. Las ayudas cubrirán a los hogares en los que los ingresos mensuales no lleguen a 1.065 euros.

El texto de la ley critica el bono social, la medida que hasta ahora trata de paliar la pobreza energética en España, y que "se ha mostrado ineficaz" a la hora de garantizar los suministros básicos a las familias vulnerables. La aprobación por unanimidad de la nueva ley refleja el acuerdo de todos los partidos que integran la cámara aragonesa sobre la necesidad de impulsar una ley que garantiza esta cobertura. "Se ha llegado a un consenso integrando todas las enmiendas -47- de los diferentes grupos que respetaban el espíritu de la ley", explican a EL ESPAÑOL fuentes de Podemos, el partido que propuso la nueva norma.

Según el estudio promovido por el Gobierno de Aragón sobre el alcance de la pobreza energética en esta comunidad en 2014, durante ese año unos 1.300 hogares eran incapaces de pagar los servicios de energía suficientes para satisfacer sus necesidades básicas; otros 6.000 hogares, por su parte, se vieron obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética.

El papel de las empresas

¿Qué propone la nueva ley? "Las ayudas van a estar garantizas por ley, se van a tener que cubrir sí o sí", explican estas fuentes. Así, a través de los servicios sociales, la familia acreditará su situación de necesidad -como hasta ahora- y las ayudas formarán parte del régimen de las ayudas de urgencia. 

Los dos actores que cobran protagonismo en esta norma son los ya mencionados servicios sociales y, además, las empresas suministradoras, que pasan a tener un papel protagonista para tratar de evitar, al máximo, los cortes de suministro por impago. De este modo, cuando los servicios sociales detecten un caso de suspensión o posible suspensión realizarán una valoración para ver si la familia en cuestión puede o no beneficiarse de esas ayudas. En ese caso, se pondrá en contacto con la empresa, que "no podrá suspenderlo mientras se gestiona la ayuda".

Asimismo, las empresas suministradoras de agua, gas o electricidad tendrán que informar a los usuarios, incluso en la propia factura, de las ayudas previstas en esta nueva ley. Administraciones y empresas irán así de la mano y establecerán "los acuerdos o convenios necesarios" para evitar la pobreza energética y "apoyar a las familias" en situación de vulnerabilidad energética. Además, se revisará anualmente que las familias beneficiarias de estas ayudas continúan en esta situación.

En el último mes, Podemos ha propuesto esta ley en los parlamentos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura, Madrid, La Rioja, Comunidad Valenciana. De momento, ha sido rechazada en tres comunidades y continúa estudiándose en las demás.