ajuste de cuentas

¿Por qué hay que eliminar las diputaciones?

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“En cada Provincia habrá Diputación, llamada provincial, para promover su prosperidad.” (Constitución de 1812. Art. 325)

Si le dicen que las Diputaciones Provinciales no se pueden suprimir porque ellas garantizan servicios públicos esenciales de su municipio, no le están diciendo la verdad. Esos servicios apenas ocupan la quinta prioridad de una institución que es en general ineficaz, poco transparente, poco democrática y cuyo principal objetivo es proporcionarle bienestar a su propia estructura. De hecho, la principal partida de gasto de las diputaciones -un 37% del total- es su propia estructura y los sueldos de sus diputados y funcionarios, muchos de ellos designados a dedo o fruto del nepotismo.

La eliminación de las diputaciones provinciales es motivo de disputa desde que UPyD propusiera abolirlas en 2012. Se trata de una idea incómoda para el establishment político y que sobre todo duele en el bipartidismo: el PP la rechaza de plano y el PSOE no sabe realmente qué postura tomar. El fuerte rechazo a su eliminación por parte de los socialistas andaluces hizo que Pedro Sánchez enmudeciera repentinamente en febrero pasado cuando le correspondía anunciar que había pactado con Ciudadanos su eliminación y su sustitución por un consejo de alcaldes.

Políticas irracionales

Desde hoy, el debate sobre las diputaciones tendrá nuevos y poderosos argumentos. La Fundación ¿Hay Derecho? ha elaborado un estudio sobre las 38 diputaciones de régimen común (se excluyen las diputaciones forales vascas y navarra, los cabildos canarios y los consells baleares) titulado Coste y Utilidad de las Diputaciones Provinciales: Claves para un Debate Necesario. Se trata de un trabajo sin precedentes que abarca desde los antecedentes históricos, jurídicos y económicos de las diputaciones y de un análisis matemático de su coste y utilidad basado en los ingresos y gastos de 2015. También se han recopilado aspectos cualitativos como la calidad de sus políticas públicas y aspectos que favorecen la aparición de redes clientelares corruptas.

“Las conclusiones del estudio apuntan a un muy disperso y desigual funcionamiento de estas entidades, a la irracionalidad de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, a su difícil encaje territorial y, en definitiva, a la conveniencia de abordar al menos una reforma en profundidad de estas instituciones”, sostienen los autores del informe, Jaime Castellano y  Rafael Rivera.

Gastan en sí mismas

Las 38 diputaciones analizadas sumaron un presupuesto global de 6.358 millones en 2015. El principal destino de su gasto, más de 2.370 millones (el 37,4% del total) son las actuaciones de carácter general, básicamente su propio sostenimiento, es decir, el coste de la estructura. En segundo lugar, figuran las actuaciones de protección y promoción social  (pensiones de funcionarios, atención a grupos con necesidades especiales y fomento del empleo) que suponen 1.050 millones, el 16,5%. En tercer lugar, las diputaciones gastan 1.027 millones (el 16,2%) en actuaciones de carácter económico que incluyen infraestructuras básicas, comunicaciones e I+D. Su cuarta prioridad es la producción de bienes públicos de carácter preferente (sanidad, educación, cultura, ocio y tiempo libre, deporte) con 810 millones (el 12,8%) y sólo la quinta prioridad son los servicios públicos básicos (seguridad y movilidad, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente) a los que dedican 647 millones de euros, el 10,2%.

El gasto de las diputaciones provinciales

El gasto de las diputaciones provinciales

Redes clientelares

Que la principal partida de gasto se agote en sostener una estructura que, primero, no es homogénea (la ley permite a las diputaciones una gran libertad para organizarse); que en segundo lugar, no es transparente (apenas es controlada muy rara vez por el Tribunal de Cuentas); que es poco democrática (sus miembros son concejales elegidos pero designados en forma indirecta en función de los votos obtenidos por cada partido en las elecciones municipales), que no tiene competencias definidas y que, en quinto y último lugar, se maneja bajo criterios presidenciales heredados del siglo XIX cuando el presidente de la diputación era el “Jefe Político de la Provincia”, es una puerta abierta para que, según el informe, prosperen en las diputaciones las redes clientelares que favorecen casos de  nepotismo, despilfarro y corrupción.

Ahí están los casos del popular Carlos Fabra en la diputación de Castellón, donde seis miembros del clan familiar han presidido la institución desde 1874; de José Joaquín Ripoll en Alicante, Alfonso Rus en Valencia, del socialista José Manuel Tofiño y sus 105 funcionarios designados a dedo en la diputación de Toledo, de José Luis Baltar, el autodenominado “cacique bueno” de la diputación de Orense, condenado por haber colocado a 104 personas en el organismo… Y esos son casos con nombre y apellidos a los que hay que sumar el despilfarro en diputaciones como la de Lugo, Valencia, Málaga o lo que sucedía en Sevilla, donde se pagaban hasta tres complementos salariales que las Cámara de Cuentas de Andalucía identificó como “ilegales”.

228 consorcios y 714 mancomunidades

Respecto de su capacidad para organizarse de forma autónoma, las 38 diputaciones estudiadas han generado 50 organismos autónomos-administrativos, 19 organismos autónomos y 45 sociedades mercantiles. Participan, además, en un total de 228 consorcios. Como si este despliegue no fuera suficiente para cumplir sus objetivos, toda esta estructura coexiste con 714 mancomunidades de municipios que existen en las 38 provincias estudiadas.

Según los autores del informe, el ahorro de suprimir las diputaciones manteniendo los servicios para los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes sería de 588 millones de euros. A medio plazo, los ahorros podrían llegar a ser el doble: 1.230 millones de euros, debido a que los cambios institucionales deberían producir políticas públicas más eficaces. Este cálculo es consistente con el que elaboró el economista Jesús Fernández Villaverde (1.200 millones) y algo superior a una estimación que ofreció Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 cuando se mostró partidario de la medida.