Encuesta Global sobre Fraude de EY

La mitad de los directivos percibe que la corrupción en España es lo habitual para hacer negocios

El 96% asegura que si se castigase directamente a los directivos se podrían disuadir algunas prácticas de fraude, soborno y corrupción.

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Si algo tienen claro los directivos españoles es que se mueven en un país plagado de corrupción. La mitad de ellos cree que el soborno y la corrupción son prácticas habituales para hacer negocios, una cifra supera en más de 10 puntos a la de Europa Occidental, donde el 39% lo cree. La extensión de la palabra es importante: no es que la mitad de los directivos perciba que hay sobornos y corrupción, sino que creen que es lo habitual, esto es, la forma de proceder de muchas empresas y administraciones del país. De este modo, España se sitúa en una posición peor que países como Serbia, Vietnam o Malasia en cuanto a la percepción de la corrupción. En el extremo opuesto está Finlandia, donde ningún directivo cree que los sobornos y la corrupción sean algo habitual, y en Dinamarca, Suecia y Arabia Saudí sólo un 4% lo creen.

Esta es la conclusión de la Encuesta Global sobre Fraude 2016 que elabora EY. Los resultados apuntan que los directivos creen que la impunidad es un factor clave para la proliferación de la corrupción en España. Un 48% asegura que las autoridades no son eficaces a la hora de obtener una condena, esto es, que la Justicia es lenta y poco eficiente. “Hay que dotar de más medios a la Justicia”, reclama Ricardo Noreña, socio responsable del Área de Forensic en EY, “los jueces tienen una labor dura y lo hacen bastante bien considerando los medios que tienen, que son pocos”, asegura.

Pero también la legislación tendría que cambiar para combatir de forma eficaz la corrupción, si eso es lo que verdaderamente quieren las élites políticas. El 96% de los directivos encuestados cree que juzgar de forma individual a los directivos ayudaría a disuadir prácticas de fraude, soborno y corrupción. En otras palabras, que la investigación recaiga sobre los responsables de las empresas directamente y no sobre la organización, donde los directivos consiguen eludir sus responsabilidades. Este dato sólo es peor en cuatro países de los 62 en los que se ha realizado esta encuesta: Brasil, Colombia, Nigeria y Chile.

Fraude en las empresas

Casi la mitad de los directivos (un 42%) justifica realizar actividades ilegales si la supervivencia de la compañía está en juego. La situación contrasta con la permisibilidad de los directivos en Europa Occidental, donde sólo un 28% acepta los comportamientos ilegales más frecuentes. Lo que prefiere la mayoría de los dirigentes españoles es realizar pagos en metálico que no dejen rastros que pueda seguir el Ministerio de Hacienda: un 28% lo justifica. El 24% acepta realizar regalos de entretenimiento (como entradas a eventos de ocio), el 14% realizar regalos personales y el 12% manipular las cuentas de resultados.

Los directivos españoles también creen que sus compañeros tienen pocos escrúpulos a la hora de realizar acciones poco éticas o ilegales si con ello consiguen cumplir los objetivos financieros marcados. El 46% cree que los directivos españoles están dispuestos a hacerlo de forma habitual. La preferida es permitir devoluciones más flexibles de los productos, esto es, realizar ventas sabiendo que muchos clientes van a devolver ese producto. Un 26% así lo cree. Otra opción habitual es realizar cambios en la valoración de los activos que aparecen en el balance, esto es, manipular las cuentas a través de la contabilidad, un 22% opinan que es lo que están dispuestos a hacer los directivos para cumplir con sus objetivos.

La corrupción desincentiva la inversión porque se traduce en inseguridad jurídica para quien invierte

Otras opciones que ven con buenos ojos son extender el periodo de presentación de los informes mensuales, un 14% lo perciben así y, por último, cambiar las fechas de los contratos para que aparezcan en el periodo que se necesitan para alcanzar los objetivos: una percepción que tiene un 8% de los directivos encuestados.

Esta situación de corrupción generalizada es un freno para la inversión en España. “Desincentiva la inversión porque se traduce en inseguridad jurídica para quien invierte”, explica Noreña: “Si es una empresa con políticas serias y códigos de conducta, cuando trata de llevar sus políticas a un entorno en el que hay mucha corrupción, el negocio se les viene abajo”.