Argentina

Los diputados argentinos aprueban el acuerdo de Macri para pagar a los fondos buitre

La Cámara da luz verde a la iniciativa de Macri para pagar a los fondos, aunque deberá ser ratificada por el Senado.

El presidente de Argentina Mauricio Macri en el carnaval de Purmamarca.

El presidente de Argentina Mauricio Macri en el carnaval de Purmamarca. Reuters

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Tras más de 20 horas de debate, la Cámara de Diputados argentina aprobó este miércoles el acuerdo promovido por el Gobierno de Mauricio Macri con los fondos buitres. El oficialismo aceptó ligeras modificaciones al proyecto original para obtener un resultado de 165 votos a favor y 86 en contra, en su mayoría pertenecientes al Partido Justicialista identificado con la presidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner.

La iniciativa ahora pasó al Senado de la Nación donde ya comenzó a ser debatido en comisión a la espera de que se vote la última semana de marzo. Allí se prevé una dura negociación entre los bloques porque el justicialismo conserva 41 de los 72 asientos. De aprobarse la medida, Argentina saldría a colocar deuda por 12.000 millones de dólares para pagarle a los fondos de inversión (holdouts) en efectivo una suma que implicaría para estos una rentabilidad superior al 1000%, más de diez veces lo invertido.

Una larga y controvertida sesión

Apenas habían pasado 20 minutos de las doce del mediodía cuando el diputado Emilio Monzó, presidente de la cámara baja, abrió la sesión. Se encontraban en sus bancas 147 legisladores, 18 más de los necesarios para el quorum. Ese número ya adelantaba una primera victoria del macrismo ante la oposición que amenazó durante días con impedir el tratamiento de las medidas. Los diputados del Frente para la Victoria (FpV), corriente kirchnerista del Partido Justicialista, y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), procedieron a sentarse para el debate.

La segunda victoria del macrismo se dio minutos después, cuando el jefe del bloque del FpV, Héctor Recalde, propuso un cuarto intermedio para que la decisión del pago a los buitres sea tomada mediante un plebiscito popular. La votación nominal obtuvo 165 votos en contra y 84 a favor, un resultado casi en espejo de lo que sucedería al cierre de la extensa jornada legislativa que duró dos días.

El proyecto del oficialismo comprendía la aprobación de la emisión de bonos para pagar en efectivo a los fondos buitres que demandaron a la Argentina en la justicia estadounidense y, a pedido de estos, la derogación de dos leyes sancionadas por el kirchnerismo en el marco de las negociaciones de reestructuración de deuda conocidas como “cerrojo” y de “deuda soberana”. La primera prohibía la apertura de nuevas negociaciones con los holdouts tras la oferta realizada en 2005 que implicaba un 60% de quita sobre el valor nominal del bono y la segunda promovía que cualquier pago que se realizara a los acreedores se haría en instituciones de la República Argentina, sometiendo las operaciones pertinentes a la legislación nacional.

Entre las voces más esperadas en la cámara baja estaba la del ex ministro de Economía durante el último gobierno de Cristina Fernández, Axel Kicilof. En su intervención destacó que “los fondos buitre tendieron una trampa a la Argentina en los tribunales de Nueva York”. Según explicó, estos fondos “nunca le prestaron plata a la Argentina”, sino que “una vez hecho el primer canje empezaron a comprar deuda en default buscando un juez y un sistema legal que les diera la razón”.

Con la derogación de estas leyes, insistió, el país queda en riesgo de que el 93% de los bonistas que aceptaron una quita mayor ahora inicien acciones legales exigiendo igual trato que los buitres y vaciando las arcas del Estado.

Negociaciones y modificaciones

Mientras cada diputado hacía uso de sus siete minutos para sentar posición y aprovechar el foco mediático instalado en Congreso, varios dirigentes macristas recorrían los pasillos para cerrar acuerdos de última hora. Por ahí circulaban el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el coordinador del Gabinete Económico, Mario Quintana; y el secretario de Finanzas y principal interlocutor con los fondos buitres del macrismo, Luis Caputo; entre otros. Ellos estuvieron a cargo de negociar la letra chica para conseguir los avales necesarios.

Entre las condiciones que debieron ceder se encuentra la fijación del tope de emisión de deuda en 12.000 millones de dólares, un monto que igual significa la emisión más alta para un país en desarrollo desde 1996. Un tercio de esa cifra, unos 4.600 millones de dólares, deberán ser pagados en efectivo a los buitres en abril.

Se incorporó además una cláusula de acción colectiva sobre los nuevos bonos para que, en caso de otra reestructuración y acuerdo con tenedores mayoritarios, los demás tengan que aceptar forzosamente esa decisión. También se incluyó otra cláusula que señala que la emisión de deuda queda supeditada a que el juez Griesa levante las sanciones contra el país; una más para que los que firmen el acuerdo desistan de nuevas demandas futuras; y otra para que se conforme una Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda y para que el Ejecutivo informe trimestralmente al Congreso sobre los procesos judiciales o arbitrales terminados, los montos de capital cancelado o a cancelar en cada acuerdo y el nivel de ejecución. Un último punto exigido por los legisladores que dieron su apoyo fue que las comisiones a los bancos por la colocación de la deuda en el marco de esta ley no supere el 0,20%.

Lo que viene

Una vez aprobado el proyecto ley en Diputados, la propuesta pasó al Senado donde ya comenzó a ser discutida. El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, y el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, concurrieron en el mismo día a la comisión de la cámara alta adonde se discute la iniciativa para demostrar la voluntad del gobierno en conseguir la sanción lo antes posible.

Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, precisó que el jueves la comisión contará con la presencia de gobernadores (interesados en aprobar la ley para poder ellos también pedir dinero en el exterior para sus provincias), el viernes con “los sectores productivos, trabajadores y empresarios de distintos rubros”; y el lunes habrá “otra reunión de economistas" antes de que se firmen los dictámenes. El objetivo, añadió, es que se pueda votar en el recinto legislativo en la última semana de marzo. Recién entonces podrá saberse si Argentina cierra el capítulo de los buitres. Por ahora, esta historia continuará.