Encuesta de PMcM

Sólo el 3% de los proveedores del sector público percibió una mejoría en el cobro en 2015

Las administraciones pagan con un retraso de 75 días frente a los 30 que marca la ley. Las grandes empresas triplican los plazos legales.

Rueda de prensa de PMcM con su presidente, Antoni Cañete, en el centro

Rueda de prensa de PMcM con su presidente, Antoni Cañete, en el centro

  1. Morosidad
  2. Deuda pública
  3. Pago a proveedores
  4. Administración pública
  5. Empresas
  6. Impagos

Un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido durante la crisis no pudieron sobrevivir por la morosidad, según los datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Esto significa que el retraso en el pago a los proveedores se ha llevado por delante a casi 170.000 empresas, una auténtica devastación del tejido productivo español que todavía sigue ahogando a muchas empresas.

El sector público paga sus facturas con un retraso de 75 días de media, mientras que el sector privado tarda todavía 85 días de media. Ambos muy por encima de lo que marca la ley, que estipula que el pago a proveedores debe realizarse en 30 días en el caso del sector público y de 60 días para el sector privado. La encuesta realizada por PMcM pone de manifiesto que al 72% de los proveedores se les impone un plazo de cobro superior al que marca la ley.

El sector público es el que más ha corregido el desfase en sus pagos, pero después de tres años de una fuerte caída (en 2011 tardaba 162 días y en 2014, 82 días) gracias al Plan de Pago a Proveedores, el buen ritmo se frenó en 2015. Tanto que sólo un 3% de las empresas que son proveedoras de las administraciones públicas han notado una mejoría en el cobro. El 91% no ha percibido variación alguna, pese a que a los diferentes ejecutivos hayan presumido de la ser más serios con sus facturas. El plazo medio de pago de las facturas fue de 75 días, algo más del doble de lo que permite la legislación.

Donde sí hubo una mejoría importante fue en el número de impagos que realizó el sector público. El 41% de las empresas encuestadas por PMcM reconoció que el número de impagos se redujo en el último año, mientras que sólo un 4% denunció un incremento.

Las peores son las grandes empresa

Si el sector público ha hecho conseguido rebajar a la mitad el periodo medio de pago de sus facturas a proveedores, en el sector privado apenas se ha percibido mejoría. En 2011 tardaban una media de 98 días y en 2015 tardaron 85 días. La culpa es principalmente de las grandes compañías, alerta PMcM, ya que las pymes están intentando ajustar sus plazos.

Las grandes empresas, como hemos demostrado en los análisis de las compañías cotizadas y del IBEX, de media triplican los plazos legales

“Prácticamente la totalidad de la mejora de los plazos medios de pago del sector privado referidos en el informe debe proceder del esfuerzo de las empresas de menor tamaño”, indica Antoni Cañete, presidente de la Plataforma, “esto se deduce al observar el comportamiento de las grandes empresas, como hemos demostrado en los análisis de las compañías cotizadas y del IBEX, que de media triplican los plazos legales según los datos extraídos de la CNMV”. Esto significa que las compañías del Ibex están pagando con un retraso medio de en torno a 180 días.

El problema es que las grandes empresas ejercen una “situación de dominio” que hace que muchos proveedores dependan directamente de ellas y, por este motivo, no tienen capacidad de negociación. Desde PMcM reclaman “un régimen sancionador que multe a las empresas incumplidoras”, explica Cañete.

Los datos demuestran que la gran mayoría de los proveedores no reclaman a sus acreedores porque temen las represalias que puedan recibir. Según la encuesta de PMcM, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora y el 94% no exigieron la indemnización legal por los costes de recobro en caso de retraso o impago. “Se debe más al miedo que al propio desconocimiento de la regulación”, indica Cañete, ya que el 70% de los encuestados aseguraron confirmar la legislación vigente.