ajuste de cuentas

España de amiguetes S.L.

Podemos se ha adueñado con éxito de la crítica a las llamadas “puertas giratorias”. La notable colonización de los consejos de administración de empresas que operan en sectores regulados por parte de políticos y ex altos cargos que se produjo a partir de la década de 1990 proporcionó el terreno fértil para que prendiera esta censura. Algunas empresas, además, han hecho ostentación sin pudor de los favores prestados al poder.  

Las llamadas “puertas giratorias” son un fenómeno relativamente reciente de nuestro “capitalismo de amiguetes”. El economista Luis Garicano ha descrito a éste último como una “ley del embudo” que favorece a determinadas empresas, bien conectadas, que pueden influir en la Administración para obtener privilegios.

En realidad, el “capitalismo de amiguetes” no es un fruto solitario del capitalismo, sino de su interacción con el poder político. Se podría recorrer la historia de los sistemas económicos que ha tenido España en su historia (feudalismo, mercantilismo, proteccionismo) y añadirles el apellido “de amiguetes” y obtendríamos una descripción bastante precisa de las cosas. Hasta la autarquía (1939-1957) y la liberalización (1959-1986) han sido cosa de amiguetes.

Nuestra idea popular de las puertas giratorias es muy limitada frente al concepto más rico que hay en países como Francia o Japón. En éste último, el fichaje de un ex servidor público por una empresa se denomina “Amakudari” (caído del cielo) y hoy se la considera una práctica corrupta. En España, el protagonista siempre es una figura política que pasa a servir en un consejo de administración o en un alto puesto empresarial, pero la crítica no se extiende a los altos funcionarios que también lo hacen.

Existe un régimen de incompatibilidades para los políticos, pero es evidente que suscita poca credibilidad. El gobierno de Rajoy ha intentado mejorar la situación con la Ley 3/2015 de los altos cargos, pero ésta sigue ofreciendo un sinfín de excepciones. Por ejemplo, si has sido alto cargo y vuelves a una empresa de un sector en el que ya has trabajado, hay incompatibilidades que no se te aplican gracias al artículo 15.4 de la norma. Casi es un incentivo para pasar de un lado a otro.

Un caso que tuvo gran repercusión fue el del prestigioso abogado del Estado Jaime Pérez-Renovales. Este abandonó el consejo del Banco Santander a finales de 2011 para ser subsecretario de la Presidencia, cargo que ejerció hasta junio de 2015, cuando volvió al Santander. Su situación era exactamente la prevista en el artículo 15.4 de la Ley 3/2015 que muy probablemente pasó por sus manos.

Como la atención se centra en los políticos, se ignora que a veces la migración de funcionarios poco conocidos es un problema mayor. Es el caso de los inspectores del Banco de España, por ejemplo, que frecuentemente son fichados por los grandes bancos del país, los mismos a los que supervisan. Su incompatibilidad consistía en que no podían trabajar en un banco que hubiesen supervisado antes de seis meses de desvincularse del regulador. En julio de 2014 se cambió la norma: se facultó a la comisión ejecutiva del Banco de España a elevar el plazo a 12 meses si lo considera prudente.

Es difícil combatir las puertas giratorias sin caer en injusticias. De hecho, hay expertos que piensan que los sistemas de incompatibilidades son eficaces en el 90% de los casos. Otros creen que ampliarlas empeoraría nuestro sistema de selección de dirigentes, ya lastrado por factores institucionales. Hay profesionales talentosos que quieren servir al país unos años y no desean quedarse eternamente en la política. A ellos, las prohibiciones e incompatibilidades, les disuaden de hacerlo. Sin embargo, está claro que la población percibe que hay determinadas personas, con carreras políticas muy significadas, que no cuentan con los méritos para ocupar un puesto en una empresa y eso les hace sospechar sobre la justicia de su designación.   

Los gestores de las grandes empresas, sin embargo, aseguran que la llegada de un abogado del Estado o de un funcionario de alto rango a sus plantillas mejora notablemente su grado de cumplimiento de la regulación. Esto puede ser real o ser un eufemismo. Sin duda que un ex funcionario cumple muy bien las leyes que ha elaborado y conoce perfectamente los teléfonos a los que debe llamar, incluso los de aquellos departamentos que no resultan visibles para el resto de los ciudadanos.

En previsión de las negociaciones que el PSOE entablará con Podemos, que ha sido el partido más crítico con las puertas giratorias, los líderes socialistas encargaron un estudio sobre cuántos de sus recientes altos cargos estaban en consejos de administración. La semana pasada, el resultado era que no había ninguno de la era Zapatero. Pero esta semana han aparecido dos: las ex ministras Trinidad Jiménez, que está a punto de incorporarse a Telefónica, y Elena Salgado, que será consejera de la nueva Pescanova a instancias de La Caixa, según La Voz de Galicia. A Jiménez la ha defendido Pedro Sánchez porque no pertenecerá al consejo de administración de Telefónica, la compañía española que más políticos ha tenido en sus filas.