Pulso separatista

Montoro responde a Mas: España paga a Cataluña lo que dice la ley

Recuerda a la Generalitat que les ha pagado ya 1.700 millones en 2015 y avisa de que puede que no cubran todo el déficit

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

La Generalitat de Cataluña, en pleno pulso separatista, le exige al Estado 2.300 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Financiera o FLA, un mecanismo ideado en 2012 para financiar a las autonomías, dada la incapacidad de estas durante la crisis de recibir dinero del mercado a precios razonables. La última cifra que manejan en Cataluña eleva la cuantía incluso hasta 2.600 millones, a falta del cálculo definitivo de la Intervención General del Estado. La cantidad se corresponde con el déficit en que incurrió Cataluña en 2014 y que no había previsto en sus presupuestos, es decir, la parte de sus gastos que no cubrieron con ingresos y que no estaba contemplada. La Generalitat dice que el Gobierno de España incumple la ley si no libera esos fondos. El Ministerio de Hacienda acaba de responderles que de eso nada.

El Gobierno, según un comunicado de Hacienda, ya está pagando a Cataluña lo que dice la ley. Libera mes a mes fondos del FLA para pagar el déficit catalán previsto en 2015 y ha pagado este año déficit de ejercicios anteriores a 2014, haciendo que el total recibido por Cataluña en el presente ejercicio con cargo al FLA y a la facilidad financiera se eleve hasta octubre a 1.700 millones de euros. ¿Falta la cantidad del déficit no previsto del pasado ejercicio? Sí, reconoce Hacienda. Liberar esos fondos está, como cada año, en manos de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que se reunió este jueves bajo la presidencia de Soraya Sáenz de Santamaría y que, de nuevo, no dio el visto bueno al pago del FLA de los déficit no previstos de 2014.

Hay tiempo, dice Hacienda. Y añade algo más. Puede que no le paguen a Cataluña todo lo que esperan cuando finalmente se desbloqueen esos fondos. Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el Gobierno se plantea abonar de momento la parte que cubre el pago de servicios sociales esenciales y no otros créditos. 

La Generalitat se agarra al artículo 21 del RD 17/2014, que transformó a finales del año pasado el FLA, para decir que el Gobierno central incumple la ley. En él se recoge que el Estado cubrirá a través de este fondo "las necesidades de financiación del déficit público, incluyendo las correspondientes a desviaciones de déficit de años anteriores pendientes de financiar". Hacienda utiliza la misma frase para asegurar que ya están pagando déficits de años anteriores aunque aún no de 2014. 

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Cataluña dice que, sin esos fondos, se asfixia. Ya debe 330 millones de euros a las farmacéuticas. La autonomía reconoce que recibe puntualmente cada mes (en forma de pagos a sus proveedores y acreedores) la parte del FLA que corresponde al déficit esperado de 2015. Pero sus gastos, según fuentes de la Generalitat, están calculados teniendo en cuenta la parte que esperan recibir del déficit de 2014, es decir, los 2.300 millones como poco. Llevan desde principios de año, aseguran, esperando que el Gobierno desbloquee esos fondos y les permita empezar a presentar facturas con cargo a los mismos. 

Cataluña (sin contar los municipios catalanes acogidos a mecanismos de liquidez) ha recibido desde 2012 de los diferentes fondos del Estado alrededor de 37.000 millones de euros. No es dinero gratis o mejor dicho no lo ha sido hasta este ejercicio. Cataluña ha pagado al Estado 1.900 millones en intereses, mucho menos en cualquier caso de lo que habría pagado de financiarse en el mercado, pero intereses al fin y al cabo. Para 2015, el FLA financia a las autonomías a tipo 0%.

Montoro estudia la intervención

Al margen de este retraso que el Gobierno está utilizando frente al pulso separatista, en el Ministerio de Hacienda están estudiando otras posibilidades. La norma que alumbró el FLA recoge "la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (...) encomiende a la Intervención General del Estado el ejercicio de misiones de control". Esas misiones están concebidas para el caso de que "se detecten riesgos de incumplimiento o incumplimiento de las medidas del plan de ajuste" al que están sometidas todas las administraciones públicas acogidas a los fondos de liquidez del Estado.
El informe que derive de esa misión de control permite "que el Ministerio de Hacienda pueda adoptar otras medidas" coercitivas, en concreto las que recogen los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera". 
Ahora bien, esas medidas no son inmediatas. Precisan de 15 días, según la norma, desde que se produce un incumplimiento para decidir la no disponibilidad de créditos del Fondo del Estado. Posteriormente se constituye un depósito a modo de garantía y ésta no se ejecuta hasta que pasan otros tres meses sin que la autonomía haya cumplido con sus compromisos.
Si la autonomía no cumple con la no disposición de créditos, el Gobierno puede, "con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptar las medidas necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de la Comunidad Autónoma".
De momento, ni siquiera se ha pedido a la Intervención del Estado que establezca la comisión de control, aseguran fuentes de Hacienda.