Con la nueva Ley Rider, el Gobierno ha perdido la oportunidad de adaptar el Estatuto de los Trabajadores al siglo XXI y a las nuevas necesidades de la economía digital.
España se ha convertido en el primer país del mundo en tener una regulación específica para los trabajadores de las plataformas digitales. Son los conocidos como riders, que prestan servicio de forma principal a las plataformas de comida rápida, como Glovo o Deliveroo.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en línea con lo fijado por el Tribunal Supremo (que reconoce la relación laboral entre estos repartidores y las plataformas) modifica el Estatuto de los Trabajadores y obliga a estas empresas a contratarlos en un plazo de tres meses.
Dicho de otra manera. Estos trabajadores pasarán de ser autónomos (según varias sentencias judiciales que los consideran falsos autónomos y, por lo tanto, trabajadores por cuenta ajena) a asalariados de las distintas compañías.
Pero a pesar de que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la norma "va a cambiar el signo de los tiempos porque ningún país se ha atrevido a legislar en esta materia", no parece que el Gobierno vaya a conseguir el objetivo deseado.
Más bien lo contrario.
Las plataformas, que se consideran abandonadas por la patronal, consideran que la ya conocida como Ley Rider acabará con un 70% de los actuales puestos de trabajo y generará 250 millones de euros en pérdidas a los restaurantes que ya no podrán contar con estos trabajadores.
Restaurantes que, en muchos casos, han visto como el servicio a domicilio se convertía en su única fuente de ingresos durante la pandemia debido a los cierres a los que han sido obligados por los gobiernos central y autonómicos.
Las plataformas también consideran que deberán dejar de prestar servicio en aquellas pequeñas y medianas ciudades donde el servicio de entrega a domicilio dejará de ser rentable por la nueva normativa.
Es muy probable, además, que estas empresas acaben subcontratando los servicios de rider a otras empresas. Empresas que podrían ser en realidad cooperativas de autónomos. O empresas que concentren los horarios de trabajo para limitar al máximo el número de efectivos requeridos.
En cualquier caso, y sea cual sea la salida que busquen las plataformas de entrega a domicilio, parece obvio que se perderán puestos de trabajo respecto al modelo actual, basado en los autónomos.
Es cierto que con el actual modelo de autónomos la picaresca estaba disparada. En primer lugar, porque muchos de esos trabajadores eran en realidad falsos autónomos.
En segundo lugar, porque muchos de los titulares de las cuentas las subarrendaban a terceros para obtener réditos económicos extra más allá de los ingresos por el trabajo que realizaban personalmente. Algo que tanto las plataformas como la propia inspección de trabajo deberían haber perseguido con brío.
Bien está buscar una regulación que proteja a los trabajadores. Pero también es cierto que en un mercado como el actual (y en una economía digitalizada y globalizada) no se pueden tratar las relaciones laborales como si estas fueran las mismas que en 1980. El mundo ha cambiado y las relaciones laborales también. La Ley Rider no nos lleva por tanto al futuro, sino que nos devuelve al pasado.
La norma ha sido, en fin, una ocasión perdida para mirar al futuro y legislar de modo que los empleados puedan gozar de protección social sin perder esa flexibilidad que les permite poder elegir en cada momento para quién y cómo trabajan.
También ha sido una oportunidad perdida de buscar nuevas figuras laborales que actualicen el Estatuto de los Trabajadores y lo adapten a las necesidades de los trabajadores y las empresas del siglo XXI, y no a los del siglo XX.
Y es que no se trata sólo de los riders. Hay numerosas profesiones nuevas que no están encuadradas en los estándares actuales y que habrá que regular durante los próximos años. Y eso requiere luces largas, no cortas.
La ley ha sido también una oportunidad perdida para buscar la manera de que estas nuevas plataformas paguen impuestos como cualquier otra. No le falta razón al Gobierno cuando intenta evitar que estas empresas construyan sus negocios sobre empleos poco remunerados y sin pagar cotizaciones sociales. Algo a lo que suma el hecho de que muchas de ellas tampoco pagan sus impuestos en España.
Es una cuestión polémica. Tanto, que la propia Glovo ha abandonado la CEOE después de que la patronal firmara el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos. La plataforma considera que no se han defendido sus posiciones y de ahí que haya optado por salir de la asociación.
Es necesario un debate serio de la normativa fiscal para que a una misma actividad le corresponda también el pago de los mismos impuestos. La nueva Ley Rider es una ocasión perdida para avanzar en este campo. Esperemos que durante su último trámite parlamentario se corrijan estas imperfecciones.