A estos tres meses de bloqueo, hay que sumarle al menos otros seis más derivados de las bajas, brotes y cierres. El resultado es que el ciudadano de a pie está indefenso y que los inversores están saliendo de España porque no confían en un país con un Estado de derecho que no se sostiene de una forma ágil y eficaz.

Según nuestra experiencia, entre los años 2007 a 2009 un procedimiento hipotecario medio estaba por debajo de los 12 meses y un procedimiento ejecutivo por debajo de los nueve. Tras la crisis económica, en el año 2019 la inundación de procedimientos resultó en un plazo multiplicado por dos y por tres. Conseguir que un procedimiento hipotecario se pudiera prolongar un plazo inferior a los 36 meses era prácticamente imposible.

La pandemia no ha hecho más que eclosionar estas carencias. Cuando hablamos de digitalización debemos hablar de varias capas, algunas más simples que otras. La más sencilla es el hecho de que los trabajadores tengan un móvil y un portátil para poder trabajar fuera de la oficina. La más compleja, es poder comunicarse digitalmente, ya sea mediante demandas, escritos o notificaciones.

Con la llegada del confinamiento es cuando se ha visto dónde estaban esos puntos que necesitaban una digitalización. La gran mayoría de empresas y de negocios que los habían trabajado, pudieron continuar su actividad, cumpliendo con las condiciones de los trabajadores y servicio. No fue el caso de la justicia.

Los tres meses de parón no tienen una justificación clara y provocaron una acumulación de expedientes de temas relevantes. Algunos juzgados estuvieron dispuestos  a utilizar ciertas herramientas como las videoconferencias para sacar adelante el trabajo, lo que nos ha demostrado que esta forma de hacer tiene un gran potencial y posibilidad.

Cabe preguntarse por qué en algunas ocasiones se pueden llevar a cabo vistas virtuales perfectamente y otras no. La presencia física es importante en el ámbito penal, cuando hay que hablar con dos testigos con testimonios contradictorios. Cuando no hace falta la presencia de testigos ni acusados, creemos que estas citaciones son perfectamente digitalizables, ya que de hecho, los representados no suelen ir a la sala físicamente.

Cabe preguntarse por qué en algunas ocasiones se pueden llevar a cabo vistas virtuales perfectamente y otras no

Nuestro sistema judicial ya tenía un retraso importante comparativamente con otros países, como Portugal, donde trabajan con el expediente judicial que no tenemos, el cual es accesible para los empleados de la justicia, jueces, abogados, procuradores, demandantes y demandados.

A esta falta de medios tecnológicos de base, hay que añadir que existen Reinos de Taifas en las comunidades autónomas. Cada una de ellas opera con su plataforma y no se ponen de acuerdo para hacer las cosas de la misma manera.

Es urgente que se aprueben medidas para que la justicia se agilice y vuelva a ser justa, porque actualmente estamos teniendo un problema grave de bienestar social en un sistema de derecho. La digitalización es una posible solución. Un camino interesante a seguir en 2022 y en adelante y que está evolucionando, pero muy a poquito.

Está sobre la mesa un proyecto de ley para avanzar en este sentido que en mi opinión es verdaderamente poco ambicioso. Digitalizar un proceso no siempre significa aportar un gran presupuesto para software, sino analizar cómo se organizan las tareas. Si se automatiza un proceso que no funciona, tendremos un sistema que no funciona automático.

 Si se automatiza un proceso que no funciona, tendremos un sistema que no funciona automático

Ciertas soluciones que funcionan no se están teniendo en cuenta, como realizar más videoconferencias para las citaciones en el juzgado. Hay figuras que ya son obligatorias como la del procurador, quien vela por el correcto funcionamiento procesal, los tiempos y notificaciones a ambas partes de los procesos. Posiblemente se podría ampliar el trabajo de esta figura para poder realizar las vistas virtuales y avanzar más rápido gracias a la digitalización.

Considero que también hace falta poner trincheras delante de los juzgados y que existan otros pasos intermedios obligatorios antes de presentarse frente al juez. En la propuesta de ley se habla de mediación, pero si no tenemos en cuenta que sea digital en su nacimiento, será un nuevo inconveniente que seguirá generando retrasos. No nos lo podemos permitir.

*** Agustín Rodríguez es CEO de la empresa de soluciones tecnológicas Pfs.