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¿Serán una realidad los 100.000 cargadores para vehículos eléctricos que prevé el Gobierno en 2023?

Los vehículos eléctricos comienzan a tomar el relevo en las carreteras y en las calles de las ciudades, marcando un cambio de tendencia en la movilidad que avanza a paso lento pero seguro y que conduce, inexorablemente, a un futuro en el que las energías limpias, sostenibles y renovables moverán el mundo, tanto en el transporte, como en las empresas y en los hogares.

La sociedad ha recibido con los brazos abiertos estas alternativas más sostenibles con las que poder desplazarse. Sin embargo, el crecimiento de este tipo de vehículos es aún muy reducido: apenas el 1,4% de los matriculados el pasado año eran híbridos o eléctricos. Es una cifra baja pero que irá en aumento, previsiblemente, dado que el catálogo de las marcas de automoción cada vez ofrece productos con más prestaciones, mayor autonomía y más adaptados a las necesidades de los conductores, al tiempo que trabajan en métodos de diseño y fabricación menos costosos para todos.

El Gobierno ha manifestado su intención de apostar por estas tecnologías y, de hecho, ha publicado una serie de objetivos con horizonte 2023 que confirman esta línea. Según este plan, la intención es alcanzar los 100.000 puntos de recarga en nuestro país para un parque automovilístico de unos 250.000 vehículos enchufables.

Son cifras que, a día de hoy, parecen muy ambiciosas, dado que España apenas cuenta actualmente con 8.000 puntos públicos de recarga; y en cuanto a la cantidad de coches de este tipo, también habría que acelerar: se tendría que pasar de matricular 8.000 al año a más de 80.000 unidades.

Todos los actores que participan en el ecosistema de la movilidad acogen este cambio de paradigma con esperanza y con el firme compromiso que supone abogar por fórmulas que cuiden el planeta. Y en este contexto, Endesa X, filial de Endesa, ha asumido un rol protagonista y aspira a convertirse en un facilitador del cambio. Su primer gran objetivo es un plan de inversión de 65 millones de euros que le permitirá instalar 8.500 puntos de recarga hasta 2023 y los 2.000 primeros estarán listos para final de año.

Objetivos ambiciosos pero factibles

Pero no todo es un camino de rosas. La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) considera factible alcanzar las metas del Gobierno, siempre y cuando se resuelvan las trabas administrativas que actualmente lastran la puesta en marcha de este tipo de infraestructuras y se intensifique la cuantía de los incentivos para su desarrollo, en línea con lo que se está haciendo ya en otros países europeos.

El problema no radica en la industria ni en las empresas, que en muchos casos están motivadas y tienen en marcha fuertes planes de inversión, sino en las dificultades que tienen los operadores para poder instalar y operar los puntos de recarga y ese es un problema que parte principalmente de las Administraciones Públicas, que por otro lado son las que reclaman ese despliegue, despliegue, tal como afirman desde AEDIVE.

“Los procesos administrativos para poner en marcha nuevos puntos de recarga pueden dilatarse “meses o años”, lo que es una importante traba para establecer una red eficaz y que anime a los usuarios a apostar por este tipo de vehículos. Es importante agilizar estos trámites”, afirma Elena Bernárdez, directora de movilidad eléctrica de Endesa X.

Tampoco ayuda la disparidad de regulaciones que hay en España. Como cuenta Bernárdez, “tenemos 17 CCAA, 50 provincias y 8.500 municipios, cada una con su propia regulación, requerimientos y agenda medioambiental”. Por eso, concluye, “es necesaria una visión general en la que las distintas administraciones se alineen y unifiquen criterios”.

Otra de las barreras que no ayuda a un despliegue más rápido de la infraestructura de recarga son los costes fijos que tienen por el hecho de estar instalados y que tienen que pagar las empresas, se usen o no por vehículos eléctricos. “No solo es por la construcción en sí misma, sino por la explotación posterior, aún lastrada por el escaso porcentaje de usuarios y, sobre todo, por el coste del término fijo de potencia, que puede elevarse por encima de los 35.000 euros”, opina Bernárdez.

Lo que propone Endesa X y que, según su directiva, está sobre la mesa del Gobierno, es flexibilizar esos costes fijos en base al uso de la instalación, al menos hasta que crezca la masa crítica de usuarios. Sería una medida que ayudaría a animar este ámbito para ofrecer al usuario un mapa de estaciones de recarga que cubra todo el territorio y de verdad le haga considerar un coche eléctrico para sus desplazamientos.

El laberinto del coche eléctrico

Porque para el usuario, el planteamiento de qué vehículo comprar es un laberinto. Este tipo de movilidad es imparable pero dado el escenario actual es lógico que el conductor se encuentre ante la disyuntiva de apostar por un vehículo de propulsión convencional u optar por un eléctrico, que sin duda conlleva muchos beneficios, pero para el que aún no existe una nutrida red de recarga. La administración ha creado herramientas para promover este cambio y ha establecido ayudas para promocionar la adquisición de este tipo de coches, como el denominado plan Moves, que este año dedica 100 millones de euros a los que apuesten por este tipo de movilidad.

Estas iniciativas también se encuentran, a juicio de AEDIVE, con otro de los principales escollos que impiden la expansión generalizada de esta tecnología: la poca agilidad burocrática para la instalación y puesta en marcha de nuevos puntos de recarga. Esta asociación apunta a dos “barreras” que frenan el desarrollo de las infraestructuras. El primero son los permisos que dependen de la Dirección General de Carreteras, que equipara los puntos de recarga a gasolineras, con lo que endurecía las condiciones para su instalación. Una modificación reciente ha relajado los requerimientos pero, según AEDIVE, “el trámite es complicado y dificulta muchas operaciones” todavía, además del “desorbitado” tiempo de respuesta para los solicitantes, que puede alcanzar “hasta seis meses”.

Y el otro problema está en línea con lo que apunta la directora de movilidad eléctrica de Endesa X: la disparidad de criterios que, según la comunidad autónoma o el ayuntamiento, pueden provocar que se tengan los permisos de obra para estos puntos “de forma ágil o todo lo contrario”, como señalan desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.

Desde su posición, ADIVE aporta también una serie de ideas para agilizar estos procesos. Pero no son las únicas: Endesa X también está detrás de las soluciones a estos problemas que limitan el acceso a estas tecnologías que buscan reducir nuestra huella de carbono y con las que la sociedad está cada vez más comprometida, consciente de que son el futuro y, casi, el presente.