La obesidad se ha convertido en uno de los grandes retos para la sanidad española. Y es que su impacto va mucho más allá de la salud de los pacientes.
También supone un importante coste económico y una presión cada vez mayor sobre los recursos sanitarios.
Así lo ha advertido Paula Barriga, directora general de Novo en España, durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad, 'Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción', organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.
La directiva ha defendido la necesidad de impulsar un pacto de Estado para abordar esta enfermedad. "La obesidad no solamente merece un pacto de Estado, sino que lo necesita", ha asegurado.
Los datos reflejan la magnitud del problema. Según las estimaciones expuestas por Barriga, el 37% de la población española podría sufrir obesidad en 2035.
Paula Barriga, directora general de Novo España
Además, esta enfermedad está relacionada con más de 200 complicaciones y patologías.
Entre ellas destacan la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.
Sin embargo, sus consecuencias no terminan ahí. La obesidad también está relacionada con las bajas laborales, el aislamiento social y la discriminación de las personas afectadas.
De hecho, Barriga ha señalado que su impacto económico y social puede representar entre el 2,9% y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) español.
Factura de 15.000 millones
Uno de los principales problemas es el coste para el sistema sanitario. Según los datos de la OCDE expuestos por la directiva, la obesidad representa alrededor del 10% del gasto sanitario total en España.
A esta cifra se suma el coste directo de la enfermedad. Un reciente informe de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (EFPIA) sitúa esta factura en cerca de 15.000 millones de euros anuales.
La responsable de Novo ha explicado que estos pacientes necesitan una atención médica continua. En muchos casos, el seguimiento comienza en atención primaria y continúa en consultas especializadas y hospitales.
Por ello, ha insistido en la importancia de actuar cuanto antes. Según los datos presentados, una reducción del 15% del peso de las personas con obesidad permitiría ahorrar unos 8.000 millones de euros en España.
Más allá de la prevención
Barriga también ha puesto el foco en la obesidad infantil. La prevención resulta fundamental, pero considera que no es suficiente para afrontar el problema.
En este sentido, ha recordado que España cuenta con un plan nacional para reducir la obesidad infantil entre 2022 y 2030. Sin embargo, también es necesario ofrecer soluciones a quienes ya conviven con esta enfermedad.
Actualmente, según las cifras aportadas durante su intervención, el 55% de la población española presenta sobrepeso u obesidad.
Por ello, ha defendido una atención más completa. Esta debe incluir prevención, diagnóstico, equipos médicos de distintas especialidades, formación e investigación.
La directiva también ha reclamado una mayor implicación de los colegios, las familias y las empresas. En el ámbito educativo, ha señalado tasas del 20% de sobrepeso y del 17% de obesidad.
Por último, ha advertido del impacto sobre el empleo. Según la OCDE, la pérdida de productividad relacionada con la obesidad equivale a unos 500.000 trabajadores a tiempo completo.
Ante este escenario, Barriga ha insistido en la necesidad de unir esfuerzos entre las distintas administraciones, los profesionales sanitarios y la sociedad.
El objetivo es establecer una estrategia común, con medidas concretas y resultados medibles, para mejorar la salud de los ciudadanos y aliviar la presión sobre el sistema sanitario.