Los máximos representantes de la medicina, la farmacia, la enfermería, la tecnología sanitaria y la sanidad privada han reclamado un Pacto de Estado y la renovación urgente de las leyes que están en tramitación en las Cortes ante el reciente anuncio de convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de la mesa de apertura del VII Observatorio de la Sanidad organizado por EL ESPAÑOL-Invertia en la que han participado Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial (OMC); Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof); Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) Lourdes López, vicepresidenta de Fenin y Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS.

Cobo ha centrado su análisis en la necesidad imperiosa de adecuar las condiciones laborales del colectivo médico, penalizado por un Estatuto Marco desfasado que no responde a las demandas actuales.

Así, el presidente de la OMC ha denunciado que la precariedad laboral afecta a más de un 50% de los profesionales, situación a la que se suman la insatisfacción con el modelo retributivo, las carencias en la formación médica continuada, el deterioro de la salud mental tras la pandemia y el alarmante incremento de agresiones a profesionales sanitarios.

A pesar de que el presidente de la OMC ha remarcado que "en España nadie se queda a las puertas de un centro sin ser atendido", ha hecho un llamamiento a los sindicatos para adaptar las reivindicaciones a las "especificidades de la profesión" médica.

En relación con la huelga anunciada para el próximo 28 de octubre, Cobo ha considerado "razonable" que los sindicatos pospongan y aparquen temporalmente las movilizaciones.

En el plano académico y organizativo, Cobo ha expresado su preocupación por el impacto de la homologación masiva de más de 25.000 médicos extracomunitarios y ha defendido el papel de la atención multidisciplinar en el horizonte de 2026, matizando que "el liderazgo asistencial le corresponde al médico debido a los años de formación necesarios para adquirir estas competencias". Dirigiéndose al Ministerio de Sanidad, ha exigido un liderazgo en el Consejo Interterritorial que evite "discursos simplistas".

Desde la oficina de farmacia, Aguilar ha denunciado el infraaprovechamiento de la red farmacéutica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS): "Tenemos demasiadas capacidades para lo poco que nos dejan llevar a cabo".

Ha instado al Gobierno central y a las comunidades autónomas a pasar del diagnóstico a la acción, reorientando el sistema asistencial desde la cura hacia la prevención activa y la gestión de los determinantes sociales de la salud.

Aguilar ha supeditado la viabilidad del modelo a la firma de un Gran Pacto de Estado -al igual que Tomás Cobo- entre las principales fuerzas políticas que garantice la estabilidad normativa una vez que los textos llegan al Parlamento.

Entre las reformas prioritarias, ha señalado la actualización de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y el impulso definitivo de la Ley del Medicamento. Asimismo, ha calificado de urgente el desarrollo de un sistema único e interoperable de receta electrónica que integre tanto a la sanidad pública como a la privada, evitando que la calidad asistencial y la continuidad del tratamiento del paciente sigan dependiendo de su código postal.

Enfermería

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha denunciado la parálisis política que sufre el sector y ha urgido al Ejecutivo a dimensionar las plantillas según las necesidades reales del país.

Pérez Raya ha cifrado el déficit estructural en más de 100.000 enfermeras (un dato más elevado del que anotó el Ministerio de Sanidad), una carencia que compromete gravemente la calidad asistencial en los centros sanitarios y acelera la fuga de profesionales altamente cualificados hacia otros países con mejores condiciones.

El líder de las enfermeras ha insistido en que resulta "imprescindible" modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y el Estatuto Marco —con más de 23 años de antigüedad— para desbloquear la clasificación profesional A1 y consolidar la prescripción enfermera.

"La normativa actual nos impide dirigir centros sanitarios a pesar de la plena capacidad técnica y formativa de la enfermería", ha advertido, mostrándose escéptico sobre la capacidad de los grupos políticos para alcanzar acuerdos unánimes tras los constantes incumplimientos de negociaciones previas.

Por parte de la industria tecnológica médica, la vicepresidenta de Fenin, Lourdes López, ha reclamado una transición acelerada desde un modelo de adjudicación basado en la compra por valor que pondere el coste-eficiencia, la calidad asistencial y el impacto real en la salud del paciente.

López ha recordado que el sector invierte más de 350 millones de euros anuales en I+D (un 7% de su facturación) y ocupa la segunda posición en solicitudes de patentes en la Unión Europea.

La portavoz de Fenin ha alertado sobre la insostenibilidad de los contratos públicos plurianuales en el contexto inflacionario y de tensiones geopolíticas actual. López ha revelado que el 90% del tejido empresarial de la tecnología sanitaria en España está compuesto por pequeñas y medias empresas (pymes), de las cuales hasta un 20% se encuentra en situación límite por la imposibilidad de reindexar los costes de los concursos adjudicados hace años.

Finalmente, ha urgido a aprobar la Ley del Medicamento y Productos Sanitarios ya que esta contempla las grandes peticiones del sector (indexación de contratos públicos, compra por valor). Además, ha pedido impulsar un Plan de Industrialización nacional que reduzca la elevada dependencia de suministros exteriores ante futuras emergencias sanitarias.

Por su parte, el secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, ha reafirmado el carácter estratégico e imprescindible del sector privado dentro del sistema sanitario nacional.

Fernández-Valmayor ha recordado que la sanidad privada representa más del 20% del gasto sanitario global del país y que pretender prescindir de sus recursos asistenciales resulta "irracional y falso".

Fernández-Valmayor ha abogado por abandonar debates ideológicos y avanzar hacia una integración real entre la red pública y la privada mediante la puesta en marcha de plataformas de interoperabilidad de datos clínicos.

Esta tecnología permitiría que la historia clínica y la información diagnóstica acompañen siempre al paciente —con independencia del titular de la prestación—, evitando la duplicidad ineficiente de pruebas, optimizando el uso de recursos y situando de forma efectiva "al paciente en el centro del sistema asistencial".