La sanidad madrileña afronta los próximos años con el reto de incorporar nuevas tecnologías a un sistema cada vez más digitalizado. La inteligencia artificial ya empieza a aplicarse en distintos procesos, aunque su desarrollo plantea también dudas sobre la protección de los datos y la seguridad jurídica.
"Estamos más que preparados para afrontar las nuevas tecnologías", ha asegurado Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Así lo ha defendido Jimeno durante su intervención en el VII Observatorio de la Sanidad ‘Sanidad 2030, del diagnóstico a la acción’, organizado por este periódico.
Jimeno ha reconocido que "existe miedo" cuando se habla de innovación en un ámbito tan sensible como la sanidad. A su juicio, una de las dificultades está en el "tsunami normativo y en la necesidad de adaptar la regulación a una realidad que avanza con rapidez".
Para Jimeno, el objetivo debe ser proteger los datos y avanzar en su interoperabilidad y compartición. La digitalización, ha explicado, "debe entenderse como una herramienta al servicio de los profesionales sanitarios y no como un sustituto de su trabajo".
En la Dirección General ya trabajan con tres proyectos de inteligencia artificial relacionados con el visado, la inspección y los procesos patrimoniales. Según Jimeno, estas herramientas "permiten agilizar los procedimientos y hacer más eficiente el trabajo".
La directora general considera que para compatibilizar innovación y seguridad hacen falta normas claras y seguridad jurídica. "Hay que poner foco en el dato, trabajar el dato", ha señalado, y ha defendido la necesidad de contar con un marco jurídico de mínimos que permita avanzar con garantías.
Pilar Jimeno, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid también trabaja en una nueva normativa farmacéutica que, según Jimeno, "supondrá una modernización de la regulación". El decreto incorpora cambios en distintos ámbitos de la actividad de las oficinas de farmacia, desde los horarios hasta las guardias y las vacaciones.
La norma establece mayor flexibilidad en materia de horarios y fija un mínimo de adjuntos para garantizar la continuidad asistencial. En cuanto a las guardias, introduce criterios relacionados con la población y el territorio.
Se trata de un "macro decreto" que pretende regular cuestiones que quedaron pendientes de la Ley de Farmacia de 2022. Entre ellas se encuentran los requisitos técnicos y sanitarios mínimos para la preparación de sistemas personalizados de dosificación.
Este punto cobra especial importancia ante una población cada vez más envejecida y con un mayor número de patologías y pacientes polimedicados. La Comunidad de Madrid también regulará la atención farmacéutica domiciliaria y recogerá los requisitos mínimos para desarrollar fórmulas de gestión colaborativa.
Jimeno ha explicado que la norma "lleva trabajándose desde principios de la legislatura y que puede convertirse en un referente para otras comunidades autónomas". Hace dos semanas, el Consejo de Gobierno aprobó su remisión a la Comisión Jurídica Asesora.
La previsión de la directora general es que en aproximadamente un mes pueda llegar de nuevo al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior puesta en marcha.
Menos cargas administrativas
Otra de las normas que prepara la Comunidad de Madrid está relacionada con la licencia sanitaria, la publicidad y el uso de las recetas médicas. El decreto se encuentra, según Jimeno, en su última fase de tramitación.
Uno de los objetivos es establecer criterios mínimos para garantizar una publicidad sanitaria ética y coherente con las necesidades de los ciudadanos. La Comunidad cuenta con más de 15.000 centros sanitarios y más de 3.000 farmacias, por lo que Jimeno considera necesario disponer de una regulación específica.
La reducción de las cargas administrativas es otro de los objetivos de la Dirección General. Jimeno ha explicado que se ha trabajado para "mejorar la eficacia de la Administración y agilizar los procedimientos de autorización".
La Dirección General gestiona más de 10.000 expedientes al año, que incluyen desde grandes hospitales hasta el conjunto de la actividad sanitaria que necesita autorización para funcionar o renovarse.
Para reducir los tiempos, la Comunidad ha creado cuadros de mando que permiten conocer los plazos, detectar cuellos de botella y establecer "carriles rápidos". Según Jimeno, actualmente las autorizaciones se resuelven en una media de 59 días frente a los 90 que establece la ley.
La norma también busca facilitar los procesos de apertura y reducir los trámites administrativos.
Una sanidad más personalizada
De cara a 2030, Jimeno plantea un sistema sanitario más personalizado, digital y orientado a la prevención. Entre las herramientas que destaca se encuentran los cribados y una mayor conexión entre los ciudadanos y los profesionales sanitarios.
Para ello, considera necesario avanzar en la interoperabilidad entre los distintos actores del sistema.
El objetivo pasa por conseguir una mayor conexión entre la red de farmacias, los centros sanitarios públicos y privados y los ciudadanos.
La digitalización, ha defendido Jimeno, debe servir precisamente para "facilitar esa conexión y permitir que los profesionales puedan disponer de herramientas que les ayuden a realizar su trabajo de forma más eficiente", sin perder de vista la protección de los datos y la seguridad jurídica.