El CaixaForum de Madrid ha acogido la primera jornada del V Observatorio ODS, titulado DiagnósticODS: estrategia y emergencia en la era de la IA. Este 22 de septiembre, la agenda del evento ha incluido una de las mesas redondas más esperadas de la mañana: Soberanía tecnológica, industria y la Ley Europea: ¿freno a la competitividad o salvaguarda social?.

Bajo la moderación de Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, el debate se ha centrado en el equilibrio de la regulación en la Unión Europea (UE) frente al dominio tecnológico de potencias como Estados Unidos y China.

La mesa, que cubría las áreas temáticas del ODS 9 y el ODS 16, ha contado con la participación de Isabel Goyena, portavoz de EsPlásticos y directora general de ANAIP, Mariano Martínez Cepa, presidente y patrono de la Fundación para la Economía Circular, y Enrique García, miembro del departamento de Relaciones Institucionales y Comunicación de la OCU.

Para abrir la sesión, Arturo Criado planteó el complejo escenario global, recordando que la UE posee un concepto regulatorio mucho más estricto y amplio en comparación con la permisividad estadounidense o el modelo chino, con una industria que cuenta con un fuerte respaldo estatal.

El moderador lanzó al aire una dicotomía fundamental: si esta posición europea, donde todo está legislado y regulado, funciona como un escudo necesario o si, por el contrario, supone una desventaja competitiva desde el punto de vista de salida.

Ante esta reflexión, los ponentes expusieron posturas contrastadas, visibilizando la tensión entre las necesidades del tejido productivo, la protección de los derechos de los ciudadanos y la transición hacia un modelo sostenible.

Desde la perspectiva industrial, Isabel Goyena dejó claro que representa a un sector "especialmente hiperregulado", como es el de los plásticos. Para la ponente, apostar por la circularidad es un paso muy deseable para su industria, ya que reduce mucho la dependencia que tiene el sector respecto a materias primas foráneas.

No obstante, advirtió firmemente que para que la vasta regulación no derive en un perjuicio económico, esta "tiene que ser equilibrada y progresiva".

Goyena ilustró esta problemática con un ejemplo reciente: el tratamiento de envases. Según explicó, las empresas españolas y europeas deben hoy cumplir con complejas declaraciones de conformidad y una larga serie de obligaciones para poner sus productos en el mercado, mientras que a los artículos importados no se les exige el mismo celo burocrático.

"Eso para nosotros lo más importante y supone una pérdida de competitividad si no se pide a aquellos que vienen de fuera", denunció.

Goyena profundizó en los esfuerzos que ya está realizando el sector, aportando un dato muy revelador al auditorio: en el año 2024, el sector del plástico destinó 538 millones de euros a innovación, lo que supuso un notable incremento del 29%.

También explicó que las empresas han dado un giro para intentar ser circulares, lo cual implica fuertes inversiones de capital y transformaciones físicas en sus plantas, como poner una estructura nueva o edificar un almacén nuevo.

Sin embargo, lamentó que la actual "inseguridad jurídica" frena en seco este impulso empresarial. "Una empresa que piense que le pueden prohibir su producto dentro de dos años jamás va a innovar, porque es que dice para qué voy a innovar si me van a cerrar", argumentó Goyena, alertando de que el marco legal no puede instalar un clima de miedo.

Como contrapeso a la visión empresarial, Enrique García defendió a ultranza el marco regulatorio europeo, argumentando que "la regulación es un escudo porque protege a los consumidores, establece estándares ambientales y sociales importantes".

El representante de la OCU reconoció que, si la estricta normativa no va unida a una política industrial poderosa, puede efectivamente convertirse en una desventaja en el tablero global. No obstante, rechazó frontalmente las alternativas laxas al afirmar que no conoce "ningún sistema de autorregulación que haya sido eficaz", concluyendo que permitir que las empresas se regulen solas es un modelo que "ha fracasado".

Sobre la tendencia actual impulsada en Bruselas hacia la simplificación burocrática, García se mostró de acuerdo, "siempre que no se desregule".

García también abordó el problema de la competencia desleal y los productos importados, subrayando que la regulación en materia de protección de derechos opera precisamente como "una garantía y defensa frente a la competencia de terceros países", filtrando los productos que atentan contra la salud o la seguridad.

En cuanto al cumplimiento de estas normativas, el portavoz insistió en que de poco vale tener una norma muy exigente si no se aplica, y sugirió que a los importadores que incumplen las reglas en Europa simplemente hay que aplicarles la norma y sancionarles.

Y agregó: "No creo que se trate tanto de limitar la regulación, sino de aplicarla, que es otra cuestión relacionada con las pymes. Estas son el corazón industrial de Europa y hay que hacer una norma que favorezca, lo que pasa es que las multinacionales no se pueden vestir de pymes. Debe haber requisitos distintos para unas empresas y otras", agregó.

Por su parte, Martínez Cepa aportó la visión técnica e integral del ciclo de vida de los materiales. El presidente de la Fundación para la Economía Circular destacó que en Europa se están dando "pasos interesantes en la regulación", citando como hitos normativos el derecho a la reparación o el inminente reglamento de ecodiseño.

Considera fundamental que la sociedad aprenda a diferenciar entre el precio de compra de un producto y el valor real que aporta a lo largo de su vida útil. Un producto diseñado de forma duradera y ecológica supone, a largo plazo, un enorme ahorro en recursos materiales y energía.

Además, mencionó que el pasaporte digital del producto aportará información clave para conocer la cantidad exacta de material reciclable o reutilizable que posee cada artículo.

A pesar de estas ventajas a largo plazo, los ponentes identificaron un obstáculo burocrático en el mercado interno comunitario: las directivas europeas se transponen de forma distinta y a ritmos muy diferentes en cada Estado miembro.

Esto genera problemas operativos graves para las pequeñas y medianas empresas que operan en diferentes mercados europeos. Para solventarlo, reclamaron que las normativas se unifiquen para crear verdadera previsibilidad y seguridad jurídica, ementos indispensables para generar riqueza.

También demandaron que las pymes cuenten con unas normas muy claras de funcionamiento y un margen de tiempo razonable para adaptarse antes de recibir multas.

El debate sobre el peso normativo en las pymes generó un interesante cruce de opiniones en el tramo final. Goyena recordó que en España y Europa operan multitud de pymes a las que les cuesta descifrar normativas extremadamente complejas y que carecen del músculo financiero para cumplir los plazos impuestos.

Al llegar al término de la mesa redonda, Criado solicitó a los tres expertos que ofrecieran sus conclusiones a modo de titular. Enrique García reafirmó que "la regulación es necesaria para garantizar los derechos de los consumidores", destacando que la gran fortaleza continental para imponer estas reglas radica en su apetecible mercado.

Mariano Martínez Cepa apostó firmemente por una industria circular europea, recordando el ambicioso mandato de lograr que el 25% de las materias primas críticas del continente provengan directamente del reciclaje de residuos para asegurar la tan ansiada soberanía.

El broche final lo puso Isabel Goyena con una reflexión que resumió la fricción del día: "Sin competitividad no hay industria, y sin industria no hay circularidad".