El sector de las infraestructuras digitales en España afronta un momento decisivo al calor del borrador del real decreto del Gobierno central sobre centros de datos. Desde la Comunidad de Madrid, autonomía que concentra el 55% de la capacidad de procesamiento del país, Miguel López Valverde, consejero de Digitalización de la región, ha calificado el texto como una medida “destructiva” que amenaza el liderazgo tecnológico español.
López-Valverde se ha postulado así este 22 de septiembre durante la apertura de la sesión vespertina del V Observatorio ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE e Invertia. El auditorio del CaixaForum Madrid se ha convertido durante hoy y mañana en el epicentro del debate sobre los dilemas que genera la inteligencia artificial (IA).
Y los centros de datos están en el epicentro del debate del sector empresarial en estos momentos que miran con preocupación a Moncloa. El consejero considera que la propuesta del Ejecutivo central distorsiona la realidad operativa de las infraestructuras clave para la economía digital española.
Miguel López-Valverde Argüeso, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la exigencia de garantizar una correlación horaria del 80% de energía renovable en el consumo de los centros de datos hora a hora.
Para López-Valverde, este requisito resulta "técnicamente inasumible" debido a la intermitencia de las fuentes eólica y fotovoltaica. Mientras que la generación renovable abarca unas 2.000 horas anuales, los centros de datos requieren suministro continuo las 8.000 horas del año, ha explicado.
Condiciones "perversas" e "imposibles de cumplir"
"El real decreto ataca a los centros de datos, les está poniendo unas condiciones que son perversas e imposibles de cumplir", ha sentenciado. El consejero ha advertido de que el borrador no sólo afecta a los hiperescalares, sino a todo el ecosistema de empresas tecnológicas, energéticas y de ingeniería industrial que operan en torno a estas instalaciones.
Asimismo, ha subrayado que exigir tales parámetros obliga "a desplegar volúmenes gigantescos de baterías o a recurrir al quemado de gas en la red cuando la energía limpia no está disponible, incrementando los costes y las emisiones".
La principal preocupación esgrimida en la conversación por la Administración madrileña radica en el impacto internacional y la pérdida de competitividad frente a países vecinos como Portugal, Francia e Italia.
Según estimaciones de la patronal del sector, la incertidumbre jurídica generada por la normativa mantiene en riesgo 66.000 millones de euros en inversiones previstas para los próximos años.
Ante las más de 700 alegaciones presentadas al borrador, el Gobierno autonómico insta al Ministerio a abrir una mesa de diálogo con los actores implicados. "El dinero en todos los sectores necesita certidumbre, necesita saber cuáles son las reglas de juego ahora y dentro de unos años".
Además de entrar en la polémica sobre los centros de datos, López-Valverde ha ahondado en cómo la Comunidad de Madrid busca posicionarse como un entorno predecible e innovador mediante la tramitación de su anteproyecto de Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial, presentado el pasado 9 de septiembre. La iniciativa legislativa se enmarca en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), "anticipando la regulación antes de que se complete la transposición nacional".
Uso responsable de la IA en el sector público
El texto legal establece las directrices para el uso responsable de la IA dentro del sector público autonómico, de forma que se garantice que los algoritmos "funcionen únicamente como sistemas de apoyo a la toma de decisiones y bajo la estricta supervisión humana". Entre sus pilares destaca el principio de simplificación administrativa, mediante el cual se solicitarán los datos al ciudadano una sola vez para gestionar subvenciones, becas u otros servicios.
Para el ámbito privado, la norma tiene como objetivo aportar certidumbre jurídica y estimular la productividad empresarial mediante la adopción de tecnologías emergentes. Asimismo, introduce salvaguardas específicas para blindar la propiedad intelectual e industrial en el desarrollo y despliegue de modelos de inteligencia artificial, un aspecto crítico para proteger la creación de nuevos servicios y productos en la región, según ha explicado el consejero.
EL ESPAÑOL, Enclave e Invertia organizan el V Observatorio ODS bajo el título 'DiagnósticODS: estrategia y emergencia en la era de la IA', que tiene lugar en el CaixaForum (Paseo del Prado, 36, 28014, Madrid).
Este evento recoge un año más una serie de conferencias encaminadas a determinar el nivel de cumplimiento de los 17 objetivos que componen la Agenda 2030 impulsada por la ONU.
Contando con el apoyo de la Fundación la Caixa, a lo largo de las dos jornadas intervendrán personalidades de proyección global, altos cargos, dirigentes políticos, activistas e intelectuales implicados en la defensa de los derechos humanos, sociales y ambientales.