La generación distribuida y la energía de proximidad. Estas son las dos grandes banderas con las que la energética belga Aspiravi desembarcó en España en 2022, eligiendo Valladolid y Castilla y León como su gran banco de pruebas para demostrar que las renovables pueden convertirse en un vector directo de competitividad para la industria local.

Así lo ha trasladado el CEO de Aspiravi Energía, Iñaki Muñiz Rojas, durante su conversación con el redactor de EL ESPAÑOL de Castilla y León, Alvar Salvador, en el I Foro Económico Español de Castilla y León, celebrado en el Museo Patio Herreriano de Valladolid.

Ante una sala abarrotada, con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, Muñiz ha desgranado la visión estratégica de un productor independiente de renovables con un accionariado singular —la propiedad está en manos de 88 municipios belgas— y con una vocación de permanencia a largo plazo en los territorios donde se asienta.

Un modelo de generación cercana con descuento directo en la factura

Frente a los megaproyectos fotovoltaicos orientados a la exportación masiva a la red, la hoja de ruta de Aspiravi en España se ha enfocado en instalaciones de menos de 5 megavatios (MW), conectadas a las redes de distribución y situadas junto a los grandes centros de consumo.

Un concepto que cristalizó a finales de 2024 con la puesta en marcha de 'Erika', una planta fotovoltaica de 16 hectáreas ubicada al noroeste de la capital vallisoletana tras una inversión inicial de 5,4 millones de euros.

"Nuestro objetivo ahora es vender la electricidad de la planta a los consumidores e industrias situados a menos de cinco kilómetros. Al tratarse de energía de proximidad, el cliente paga menos peajes de red y reducimos drásticamente su factura", ha explicado el directivo.

Según sus cálculos, una pyme con un consumo anual de 100 megavatios hora (MWh) —lo que supone una factura media de 18.000 euros anuales— apenas necesitaría el 3% de la producción de la planta 'Erika' para cubrir la mitad de su demanda y lograr un ahorro superior al 20%.

"Ese dinero que hoy va a pagar la factura eléctrica queremos que la industria lo dedique a mejorar sus procesos, a formación y a ganar competitividad", ha remarcado.

Además del impacto en los costes energéticos, el proyecto 'Erika' sirvió para ensayar la involucración de empresas y ciudadanos locales en la propia financiación del activo: un 25% de la inversión (un millón de euros) fue aportado por vecinos y pymes ubicadas en un radio de 60 kilómetros.

Cuatro nuevos proyectos y la apuesta estratégica por el almacenamiento

La penetración de la compañía en Castilla y León no se detendrá en Valladolid.

Aspiravi desarrolla desde 2022 un catálogo de cinco proyectos en la Comunidad —encabezados por 'Erika'— que suman una capacidad instalada de 25 MW y movilizarán una inversión conjunta de entre 20 y 22 millones de euros.

El siguiente paso inminente será el inicio de las obras del proyecto 'Daphne', una instalación adyacente a 'Erika' que requerirá casi 6 millones de euros de inversión e incorporará tecnología de almacenamiento con baterías para diferir la producción a las horas de mayor demanda.

"Castilla y León produce más del doble de la energía que consume. El reto ahora es convertir ese excedente en una ventaja competitiva, reteniendo el valor en la región y añadiendo almacenamiento para gestionar la oferta de forma flexible", ha subrayado el directivo.

Trabas del sector: retraso regulatorio, reticencia bancaria y farragosa tramitación

Durante su intervención, el CEO de Aspiravi no ha dudado en señalar los principales cuellos de botella que amenazan la velocidad de despliegue de las renovables en España.

En primer lugar, ha urgido al Gobierno a fijar un marco regulatorio claro para el almacenamiento, un ámbito en el que España arrastra cierto retraso respecto a potencias europeas como Alemania o Reino Unido.

"Necesitamos una regulación clara que proporcione señales de precio estables y atraiga inversión. Hoy nos encontramos con que la banca en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, todavía no se acaba de creer la financiación de los sistemas de almacenamiento", ha advertido Muñiz.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la simplificación administrativa para acortar los plazos de tramitación.

"El proyecto que vamos a empezar a construir a principios del próximo año lleva cuatro años tramitándose, cuando la ejecución real se completa en apenas seis meses. La legislación es a menudo muy compleja e incluso contradictoria; hace falta aplicar el sentido común y simplificar los procedimientos sin perder el rigor", ha reclamado el directivo, valorando, no obstante, el clima de diálogo y la receptividad demostrada por la administración castellana y leonesa.