"Al ciudadano no solo hay que concienciarlo, sino que hay que poner el foco también en sus obligaciones", así lo resume el director de Negocio Público Sureste de PreZero, Eduardo Azcona, en una conversación sobre la transformación del sector de la economía circular en la Comunitat Valenciana durante el VI Foro Económico de EL ESPAÑOL de Alicante .

Durante el encuentro, -moderado por el subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, Arturo Criado-, el directivo ha analizado los principales retos normativos, de inversión y de concienciación que afronta España y la región en la gestión de residuos.

El responsable de PreZero ha comenzado encuadrando el concepto de economía circular dentro del ámbito económico y ha recordado que se trata de un término con más de tres décadas de trayectoria que abarca mucho más que la mera gestión de desechos.

Según ha explicado, la economía circular surgió como alternativa al modelo lineal tradicional de "producir, utilizar y tirar", el cual demostró no ser sostenible a largo plazo.

En este sentido, Azcona ha afirmado que "la economía circular nació en contraposición a la economía lineal y era un modelo que había que reinventar".

Asimismo, el directivo ha subrayado que este circuito arranca en la propia fase de producción de bienes y servicios por parte de las fábricas y supermercados, para continuar con la elección de consumo del ciudadano.

Azcona ha apuntado que el trabajo de gestores como PreZero consiste en separar adecuadamente los residuos y tratarlos para reintroducirlos en la cadena de valor, si bien ha advertido de que los objetivos fijados por la legislación de 2022 se continúan incumpliendo.

"La legislación establecía una serie de objetivos que seguimos incumpliendo de forma reiterada, tanto a nivel estatal como autonómico", ha lamentado el ponente, aunque ha matizado que la Comunitat Valenciana se encuentra más próxima a alcanzarlos que otras regiones gracias a un trabajo más intensivo.

Lentitud en las decisiones

En relación con los recursos económicos requeridos para adaptar las infraestructuras a las exigencias normativas, Azcona ha cifrado las necesidades de inversión en más de 6.000 millones de euros a nivel nacional y en mínimos de 700 millones de euros en la Comunitat Valenciana.

Sin embargo, el directivo ha señalado que la principal traba del sector es la lentitud en el despliegue de estas partidas.

"El objetivo está claro, las inversiones están claras, pero a la hora de desarrollarlo está siendo algo más lento en el sector de lo que se debería", ha aseverado.

A este respecto, ha valorado positivamente los avances del Plan de Residuos de la Generalitat Valenciana, que contempla 400 millones de euros para la valorización energética en la provincia de Valencia, y ha solicitado actuaciones equivalentes para la provincia de Alicante con el objetivo de completar la cobertura presupuestaria autonómica.

La valorización energética

Azcona ha abordado también la dependencia de los depósitos controlados en España, tildando de "excesivamente intensivo" el uso actual de los vertederos.

El representante de PreZero ha recordado que el horizonte legal de 2035 fija en un máximo del 10% los residuos que pueden terminar en vertedero, una cifra de la que España está aún muy distante. "El uso del vertedero es excesivamente intensivo en España", ha reiterado.

Como alternativa, ha defendido con firmeza la valorización energética, -incineración con recuperación de energía-, remarcando que no se trata de una tecnología experimental, sino de una solución consolidada en países europeos como Alemania, Francia o Reino Unido.

Azcona ha manifestado que "la valorización energética no es una alternativa de innovación, es una tecnología madura, probada y que permite extraer la energía del residuo que ya no podemos recuperar", lo que a su juicio ayuda a satisfacer la creciente demanda energética derivada del incremento poblacional y turístico.

Los tres ejes de actuación

Para concluir su intervención, Eduardo Azcona ha detallado los deberes que competen a los tres actores principales del sistema.

Sobre la Administración Pública, ha urgido a articular leyes de simplificación administrativa que agilicen la concesión de permisos y licencias, denunciando que en muchas ocasiones "la fase de tramitación de permisos es más larga que la fase de construcción del propio proyecto".

Sobre el ciudadano, ha reclamado desplazar el foco de la mera concienciación hacia el cumplimiento de las obligaciones individuales de separación en origen.

"Hay que poner el foco también en sus obligaciones; no solo concienciarlos, sino que sepan que es su estricta obligación", ha remarcado.

Por último, insta a las empresas a continuar apremiando a los organismos públicos y difundiendo la necesidad de ejecutar inversiones para alcanzar los estándares de gestión europeos.